Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña
Amnistía Internacional confirma con sus observadores el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia, y pide una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos.
Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio de Interior ha informado que las fuerzas de seguridad han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial.
Una delegación de Amnistía Internacional formada por cinco personas ha estado monitoreando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones.
Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 horas de hoy lunes, el domingo 1 de octubre se habría asistido por heridas, contusiones o afectaciones de la salud a 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. Dos heridos graves están ingresados en el hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron. La mayoría de los heridos estarían en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la policía nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzase una silla en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).
“Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios, y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del TSJC debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Amnistía Internacional considera que en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza.
La organización de derechos humanos ha podido documentar también el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como pelotas de goma, por parte de agentes de la Policía Nacional en, al menos, la calle Sardenya con calle Diputació, en Barcelona. Dos observadores de Amnistía Internacional fueron testigos de la carga policial de los agentes, que intentaban abrirse paso después de que un grupo de manifestantes se sentasen en la calle con objeto de impedir el paso de furgones policiales tras su intervención en el colegio público Ramon Llull con el objetivo requisar las urnas que allí se encontraban.
Casi a la media hora de ser bloqueados por los manifestantes, los agentes se abrieron paso golpeando a manifestantes con sus defensas de goma. Al mismo tiempo algunos agentes dispararon cartuchos de fogueo lo que provocó que la gente se levantase y empezara a dispersarse. Los furgones policiales avanzaron con rapidez por la calle Sardenya. Mientras tanto, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los policías, que seguían disparando salvas. Según los testimonios que ha recabado la organización, en su retirada, los agentes también dispararon pelotas de goma a escasa distancia de los manifestantes que corrían detrás de ellos, hiriendo al menos a dos personas. Al parecer, una de ellas en la pierna, y la otra en el ojo derecho, ésta última operada quirúrgicamente en el hospital de Sant Pau, donde se encuentra ingresada.
Amnistía Internacional recuerda que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas alertan, en relación a las pelotas de goma, que pueden causar graves lesiones, especialmente si impacta en la cabeza, cara o parte superior del cuerpo. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, y de manera más general con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar este tipo de material antidisturbios como instrumento general para dispersar a la multitud, sino únicamente para parar a personas violentas. Debido a su falta de exactitud, y su alto grado de imprecisión, nunca deben ser disparados sin un objetivo concreto o contra el suelo, ya que pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo. Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de fin o lesiones graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo.
La organización también ha recibido testimonios y ha visualizado imágenes que muestran como los agentes han utilizado material antidisturbios y un uso excesivo de la fuerza contra personas que se concentraban en los alrededores de algunos colegios, como en el caso de la Escuela Mediterrània en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Imágenes aparecidas en medios de comunicación muestran como, fuera de este centro, algunos policías golpeaban a personas indefensas sin que hubiera ninguna amenaza aparente. Un agente de la policía, por ejemplo, golpea a una mujer en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin que medie aparente provocación. Igualmente en las mismas imágenes se observa como otro agente de la policía nacional golpea a un hombre que también se encontraba frente al colegio con un abrazo en la cara. De la misma forma, las imágenes captadas en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) muestran como un agente de la Guardia Civil golpea con sus defensas de goma en la cara de algunos manifestantes que rodean el centro de votación
Esta forma de actuar contrasta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral, la región lumbar, el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales del cuerpo.
Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se quiere conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demuestran como algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de Policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna.
“La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil. Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.
Amnistía Internacional confirma con sus observadores el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia, y pide una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos.
Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio de Interior ha informado que las fuerzas de seguridad han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial.
Una delegación de Amnistía Internacional formada por cinco personas ha estado monitoreando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones.
Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 horas de hoy lunes, el domingo 1 de octubre se habría asistido por heridas, contusiones o afectaciones de la salud a 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. Dos heridos graves están ingresados en el hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron. La mayoría de los heridos estarían en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la policía nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzase una silla en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).
“Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios, y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del TSJC debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Amnistía Internacional considera que en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza.
La organización de derechos humanos ha podido documentar también el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como pelotas de goma, por parte de agentes de la Policía Nacional en, al menos, la calle Sardenya con calle Diputació, en Barcelona. Dos observadores de Amnistía Internacional fueron testigos de la carga policial de los agentes, que intentaban abrirse paso después de que un grupo de manifestantes se sentasen en la calle con objeto de impedir el paso de furgones policiales tras su intervención en el colegio público Ramon Llull con el objetivo requisar las urnas que allí se encontraban.
Casi a la media hora de ser bloqueados por los manifestantes, los agentes se abrieron paso golpeando a manifestantes con sus defensas de goma. Al mismo tiempo algunos agentes dispararon cartuchos de fogueo lo que provocó que la gente se levantase y empezara a dispersarse. Los furgones policiales avanzaron con rapidez por la calle Sardenya. Mientras tanto, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los policías, que seguían disparando salvas. Según los testimonios que ha recabado la organización, en su retirada, los agentes también dispararon pelotas de goma a escasa distancia de los manifestantes que corrían detrás de ellos, hiriendo al menos a dos personas. Al parecer, una de ellas en la pierna, y la otra en el ojo derecho, ésta última operada quirúrgicamente en el hospital de Sant Pau, donde se encuentra ingresada.
Amnistía Internacional recuerda que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas alertan, en relación a las pelotas de goma, que pueden causar graves lesiones, especialmente si impacta en la cabeza, cara o parte superior del cuerpo. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, y de manera más general con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar este tipo de material antidisturbios como instrumento general para dispersar a la multitud, sino únicamente para parar a personas violentas. Debido a su falta de exactitud, y su alto grado de imprecisión, nunca deben ser disparados sin un objetivo concreto o contra el suelo, ya que pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo. Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de fin o lesiones graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo.
La organización también ha recibido testimonios y ha visualizado imágenes que muestran como los agentes han utilizado material antidisturbios y un uso excesivo de la fuerza contra personas que se concentraban en los alrededores de algunos colegios, como en el caso de la Escuela Mediterrània en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Imágenes aparecidas en medios de comunicación muestran como, fuera de este centro, algunos policías golpeaban a personas indefensas sin que hubiera ninguna amenaza aparente. Un agente de la policía, por ejemplo, golpea a una mujer en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin que medie aparente provocación. Igualmente en las mismas imágenes se observa como otro agente de la policía nacional golpea a un hombre que también se encontraba frente al colegio con un abrazo en la cara. De la misma forma, las imágenes captadas en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) muestran como un agente de la Guardia Civil golpea con sus defensas de goma en la cara de algunos manifestantes que rodean el centro de votación
Esta forma de actuar contrasta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral, la región lumbar, el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales del cuerpo.
Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se quiere conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demuestran como algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de Policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna.
“La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil. Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.
