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Afectados por el cierre de CryptoSpain piden la imputación de Alvise tras declarar el dueño que le dio 100.000 euros para su campaña
Afectados por el cierre de CryptoSpain piden la imputación de Alvise tras declarar el dueño que le dio 100.000 euros para su campaña
La revelación moviliza a la asociación que denunció a 'Madeira Invest Club' tras un cierre repentino que dejó en el aire los activos de los inversores
El líder de SALF, Luis Pérez ABC
Isabel Vega
Madrid
24/09/2024
Actualizado 25/09/2024 a las 00:52h.
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Narración por un asistente de voz
La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, que el pasado viernes presentó una denuncia en la Audiencia Nacional por el repentino cierre de 'Madeira Invest Club' (CryptoSpain), ha anunciado este martes que solicitará la imputación del eurodiputado del partido Se Acabó La Fiesta, Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, después de que el creador de esa sociedad comunicase a la Fiscalía que le proporcionó 100.000 euros en metálico para financiar su campaña electoral para aspirar al Parlamento Europeo, como ha revelado eldiario.es.
Esta organización, representada por Aránguez Abogados, interpuso denuncia el pasado 20 de septiembre por el cierre repentino de este club privado de inversores en moneda digital que operaba bajo la marca CriptoSpain y que se produjo después de que El Confidencial desvelase que allí dirigió a sus seguidores Alvise Pérez cuando solicitó donaciones para el partido que encabezaba a través de su canal de Telegram.
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Más de 27.000 personas, según detallaba la denuncia, habrían contribuido con fondos que acabaron en monederos digitales de esta sociedad creada por Álvaro Romillo que ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores calificó como chiringuito financiero en mayo del año pasado. El cierre habría causado la pérdida de activos millonarios a los inversores, pues los denunciantes calculan que manejaba en torno a 300 millones de euros.
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La denuncia, en nombre de diversos afectados, se presentó en la Audiencia Nacional el viernes y aún se encuentra pendiente de reparto. Por el camino, según la información publicada por eldiario.es, Romillo se ha dirigido por escrito a la Fiscalía aportando pantallazos de conversaciones con Alvise Pérez y sosteniendo, junto a su voluntad de encontrar una salida para devolver el dinero a los inversores, que financió su campaña electoral.
En concreto, explica que no sólo le facilitó los wallets o monederos digitales a los que se debían dirigir las donaciones -y que el activista compartió en su canal de Telegram invitando a sus fieles a contribuir- sino que le proporcionó 100.000 euros porque la recaudación iba más lenta de lo que esperaba, de acuerdo a la información publicada.
Fuentes jurídicas concretan que por ello, los afectados cursarán mañana una ampliación de su denuncia inicial para dirigir las acciones también contra Alvise y pedirán a la Audiencia Nacional que la admita y se inhiba al Tribunal Supremo, donde está aforado. Acababan de hecho de presentar una ampliación para pedir el bloqueo de una batería de bienes de Romillo que sitúan en República Dominicana.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado, adonde ha dirigido Romillo su escrito, tendrá que remitirla a la Fiscalía que corresponda o, en caso de que antes se abra causa en los Juzgados Centrales de Instrucción, directamente al órgano.
La entrega de los 100.000 euros a Alvise se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño de MIC que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite hacer intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad: a espaldas de Hacienda y sorteando las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras.
A principios de abril, el líder de SALF le había trasladado a Romillo sus «necesidades» de cara a los comicios europeos, entre los que citaba conseguir «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas» para pagar mítines, publicidad y actos de campaña.
La ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones anónimas y establece que los partidos políticos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, ni tampoco donaciones procedentes de personas jurídicas. Además, todas las donaciones superiores a 25.000 euros deben notificarse al Tribunal de Cuentas por el partido político en el plazo de tres meses desde su aceptación.
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