La última trola de ‘Pinocho’ Sánchez: los españoles pagarán más que en 2018 tras subir la luz un 300%
Sánchez admite que el 30% pagará más por la luz que en 2018: «Sin IPC y haciendo la media, cumplimos»
El precio de la luz rompe el mercado: nuevo récord de 383,67 €/MWh
La electricidad ha sido una de las muchas asignaturas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. El precio de la luz subió al inicio de año por la irrupción de la borrasca Filomena hasta alcanzar los 90 euros/MWh. Una anécdota si se compara con los máximos alcanzados este diciembre, cuando el precio medio en el pool ha llegado a rozar los 400 euros/MWh. ¿El resultado? Este año la luz se ha disparado un 300%, convirtiendo la promesa que hizo Sánchez a los españoles de que se pagaría lo mismo que en 2018 en una mentira más.
Con la borrasca Filomena, que afectó a toda España durante la segunda semana de enero, los precios de la luz se dispararon hasta alcanzar los 90 euros/MWh. El presidente del Gobierno dio la callada por respuesta y como durante los meses de febrero y marzo los precios de la luz se estabilizaron, la controversia sobre la subida eléctrica se apaciguó… Hasta el mes de junio, cuando entró en vigor el tarifazo de Sánchez. ¿Su objetivo? Incentivar un consumo eficiente de electricidad trasladando la demanda hacia las horas ‘valle’ frente a las ‘punta’. Lo de poner la lavadora de madrugada o en fines de semana.
Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando el precio de la luz se desbocó, dejando en una broma las subidas de enero. Ante la subida experimentada durante los meses de agosto y septiembre, el Ejecutivo socialcomunista tuvo que asumir la realidad y se vio obligado a aplicar una serie de rebajas fiscales. Bajó el IVA de la electricidad del 21% al 10%; suspendió el impuesto a la generación eléctrica, que es del 7%, y bajó el impuesto especial de electricidad que reciben las comunidades autónomas a un mínimo del 0,1%.
Pero los precios seguían disparados. En octubre se batieron todos los récords, subiendo por encima de los 200 euros por megavatio hora dos de cada tres días. Para un consumidor acogido a la tarifa regulada, la factura de la luz se situó por encima de los 86 euros, superando los casi 75 euros pagados en septiembre.
El título del mes más caro se lo lleva diciembre. El último mes del año comenzó marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superaban ampliamente la cota de los 200 y los 300 euros/MWh. Ante estas fluctuaciones, la factura de la luz en diciembre será la más cara de la historia, alcanzando de media los 119,17 euros. Si se comparan los precios de principios de año -cuando registró 42,51 euros/MWh- con los máximos históricos marcados durante las últimas semanas, el precio de la electricidad se ha incrementado en un 300% en el año.
Sánchez no cumple
Sánchez no cumple, algo que ya ha admitido a regañadientes. Ha reconocido que tres de cada diez consumidores pagarán más, pero ha hecho un encaje de bolillos para proclamar en una rueda de prensa este miércoles que «cumplimos nuestra promesa». Descontar la inflación, hacer la comparación con la media de todos los consumidores, o elegir el año más caro de la década como referencia son algunas de las trampas-inútiles- a las que ha recurrido Sánchez para fingir que cumple su promesa.
Uno de sus matices fue que había que descontar la inflación. Con esta jugarreta, las cuentas le salen al Gobierno puesto que el IPC ha subido un 6,7% este año y en 2018 se redujo un 0,3%: así, calcula que este año se pagarán 613 euros frente a los 635 de 2018 -descontada la inflación y por término medio-. Posteriormente, Sánchez matizó que su promesa se refería al precio medio de la electricidad que pagan todos los hogares españoles. En España hay cerca de 10,5 millones de hogares en el mercado regulado y 16,2 millones en el mercado libre. Al bajar los cargos, los usuarios que están en el mercado libre pagaron menos, diluyendo a las personas que están en el mercado regulado -que no están viendo aminorar su factura-, y haciendo que la media general sea menor que en 2018.
Pero esas cuentas no sirven para más de tres millones de españoles que están acogidos a la tarifa regulada: superarán el precio abonado en 2018 y pagarán 142 euros más. «Si descontamos la inflación y calculamos el precio medio de todos los hogares, cumplimos», dijo Sánchez este miércoles.
La Cruz de Carlos III otorgada por Sánchez a Iglesias la recuperó Franco tras su extinción republicana
Sánchez concede a Iglesias la Gran Cruz de la Orden de Carlos III por su ¡servicio a la Corona!
Pablo Iglesias advierte: "Vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque moleste"
Iglesias entra en la cacería contra el rey Felipe VI y le acusa de falta de "neutralidad" política»
Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Franco.
La Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, otorgada por Pedro Sánchez a ministros salientes de sus gobiernos, como el ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a otros del Partido Popular, fue restablecida por Franco en 1942 tras haber sido extinguida por el Gobierno provisional de la Segunda República.
El Ejecutivo de Sánchez, tan revisionista del pasado a través de su particular memoria histórica, que le ha llevado a exhumar los restos de Franco y a preparar una reforma de la ley de Zapatero, no ha tenido reparo ahora en repartir a granel distinciones de la Cruz de Carlos III -máxima distinción civil- que el comité revolucionario republicano-socialista suprimió poco después de haber proclamado la República el 14 de abril de 1931.
No fue hasta 1942 cuando Franco recuperó la Orden y su condecoración, que han seguido vigentes hasta la fecha. En 1983 el Gobierno de Felipe González estableció que también pudiera ser otorgada a «damas de nacionalidad española o extranjera» y facultó a la Presidencia del Gobierno para «adaptar el Reglamento aprobado por Real Decreto de 19 de enero de 1910 a las circunstancias y condiciones actuales». Ya en el año 2000 el Ejecutivo de José María Aznar aprobó un norma para dicha adaptación y acordó en 2002 un reglamento con más detalles sobre su concesión, que sigue el real decreto firmado por Pedro Sánchez el pasado 28 de diciembre.
En concreto, aquel Gobierno provisional de la Segunda República, integrado por los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero como ministros de Hacienda y Trabajo, respectivamente, firmó el decreto de 24 de julio de 1931 por el que el Ministerio de Estado declaró «extinguidas todas las Órdenes dependientes de este Ministerio a excepción de la de Isabel la Católica».
«Espíritu republicano»
El decreto decía así: «El criterio de austeridad que el Gobierno provisional de la República se ha impuesto como severa norma desde su advenimiento, oblígale a adoptar ciertas medidas, que las circunstancias presentes aconsejan, con respecto a honores y condecoraciones civiles».
Y subrayaba a continuación: «Una de ellas es la supresión de las Órdenes dependientes del Ministerio de Estado, con la única excepción de la Isabel la Católica, que, sin menoscabo del espíritu republicano de la Nación, debe conservarse por evocar su nombre tradiciones y grandezas imperecederas del pasado histórico de España». Cabe recordar que Carlos III fue paradigma del absolutismo ilustrado y reformador.
Gaceta de Madrid con el decreto republicano de 1931 que extinguió la Orden de Carlos III.
Sobre la orden de Isabel la Católica, la motivación añadía que «circunstancias de orden internacional aconsejan la conservación de una distinción honorífica destinada a premiar servicios de dicho carácter y virtudes cívicas, altos merecimientos para con la Humanidad, la Patria y la República o méritos relevantes en la política, en la ciencia, en las artes y en las letras». El citado decreto llevó la rúbrica de Niceto Alcalá-Zamora, presidente del Gobierno provisional de la República, y Alejandro Lerroux, ministro de Estado.
Once años después, el 10 de mayo de 1942, el régimen de Franco restableció la Orden de Carlos III con la denominación de «Muy distinguida Orden de Carlos III». Así se tituló aquel decreto firmado por el dictador Francisco Franco a propuesta del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, «previa deliberación del Consejo de Ministros» y «con objeto de premiar extraordinarios y muy meritorios servicios prestados a la Patria por nacionales y extranjeros».
Derogación
El artículo tercero señalaba que «el Ministerio de Asuntos Exteriores dictará el Reglamento para la aplicación de este Decreto y adaptación del anterior a las circunstancias actuales». Este decreto no fue derogado en su integridad hasta la aprobación por parte del Gobierno de Aznar del Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que «se aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III». Así consta en su disposición derogatoria única, que menciona expresamente el decreto de Franco y Serrano Suñer.
Decreto de Franco de 1942 restableciendo la Orden de Carlos III.
El mismo real decreto de 2002 derogó también el real decreto de 19 de enero de 1910, el Real Decreto 2103/1983 y la orden de 8 de mayo de 2000. En su exposición, señala que «la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Don Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el fin de condecorar a individuos beneméritos».
Y agrega: «El lema del que la dotó su fundador desde su creación, ‘Virtuti et merito’ (virtud y mérito), es el mejor indicativo de la finalidad de la Orden, pues serían las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la Corona las prendas personales que debían acompañar a quienes fueran agraciados con tan Distinguida Orden». Este reglamento es el que ha utilizado Pedro Sánchez para condecorar a sus ministros salientes, entre ellos el que fue titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, republicano confeso.
Sánchez admite que el 30% pagará más por la luz que en 2018: «Sin IPC y haciendo la media, cumplimos»
El precio de la luz rompe el mercado: nuevo récord de 383,67 €/MWh
- BEATRIZ JIMÉNEZ
- 31/12/2021 06:45
- ACTUALIZADO: 31/12/2021 10:20
La electricidad ha sido una de las muchas asignaturas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. El precio de la luz subió al inicio de año por la irrupción de la borrasca Filomena hasta alcanzar los 90 euros/MWh. Una anécdota si se compara con los máximos alcanzados este diciembre, cuando el precio medio en el pool ha llegado a rozar los 400 euros/MWh. ¿El resultado? Este año la luz se ha disparado un 300%, convirtiendo la promesa que hizo Sánchez a los españoles de que se pagaría lo mismo que en 2018 en una mentira más.
Con la borrasca Filomena, que afectó a toda España durante la segunda semana de enero, los precios de la luz se dispararon hasta alcanzar los 90 euros/MWh. El presidente del Gobierno dio la callada por respuesta y como durante los meses de febrero y marzo los precios de la luz se estabilizaron, la controversia sobre la subida eléctrica se apaciguó… Hasta el mes de junio, cuando entró en vigor el tarifazo de Sánchez. ¿Su objetivo? Incentivar un consumo eficiente de electricidad trasladando la demanda hacia las horas ‘valle’ frente a las ‘punta’. Lo de poner la lavadora de madrugada o en fines de semana.
Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando el precio de la luz se desbocó, dejando en una broma las subidas de enero. Ante la subida experimentada durante los meses de agosto y septiembre, el Ejecutivo socialcomunista tuvo que asumir la realidad y se vio obligado a aplicar una serie de rebajas fiscales. Bajó el IVA de la electricidad del 21% al 10%; suspendió el impuesto a la generación eléctrica, que es del 7%, y bajó el impuesto especial de electricidad que reciben las comunidades autónomas a un mínimo del 0,1%.
Pero los precios seguían disparados. En octubre se batieron todos los récords, subiendo por encima de los 200 euros por megavatio hora dos de cada tres días. Para un consumidor acogido a la tarifa regulada, la factura de la luz se situó por encima de los 86 euros, superando los casi 75 euros pagados en septiembre.
El título del mes más caro se lo lleva diciembre. El último mes del año comenzó marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superaban ampliamente la cota de los 200 y los 300 euros/MWh. Ante estas fluctuaciones, la factura de la luz en diciembre será la más cara de la historia, alcanzando de media los 119,17 euros. Si se comparan los precios de principios de año -cuando registró 42,51 euros/MWh- con los máximos históricos marcados durante las últimas semanas, el precio de la electricidad se ha incrementado en un 300% en el año.
Sánchez no cumple
Sánchez no cumple, algo que ya ha admitido a regañadientes. Ha reconocido que tres de cada diez consumidores pagarán más, pero ha hecho un encaje de bolillos para proclamar en una rueda de prensa este miércoles que «cumplimos nuestra promesa». Descontar la inflación, hacer la comparación con la media de todos los consumidores, o elegir el año más caro de la década como referencia son algunas de las trampas-inútiles- a las que ha recurrido Sánchez para fingir que cumple su promesa.
Uno de sus matices fue que había que descontar la inflación. Con esta jugarreta, las cuentas le salen al Gobierno puesto que el IPC ha subido un 6,7% este año y en 2018 se redujo un 0,3%: así, calcula que este año se pagarán 613 euros frente a los 635 de 2018 -descontada la inflación y por término medio-. Posteriormente, Sánchez matizó que su promesa se refería al precio medio de la electricidad que pagan todos los hogares españoles. En España hay cerca de 10,5 millones de hogares en el mercado regulado y 16,2 millones en el mercado libre. Al bajar los cargos, los usuarios que están en el mercado libre pagaron menos, diluyendo a las personas que están en el mercado regulado -que no están viendo aminorar su factura-, y haciendo que la media general sea menor que en 2018.
Pero esas cuentas no sirven para más de tres millones de españoles que están acogidos a la tarifa regulada: superarán el precio abonado en 2018 y pagarán 142 euros más. «Si descontamos la inflación y calculamos el precio medio de todos los hogares, cumplimos», dijo Sánchez este miércoles.
La Cruz de Carlos III otorgada por Sánchez a Iglesias la recuperó Franco tras su extinción republicana
Sánchez concede a Iglesias la Gran Cruz de la Orden de Carlos III por su ¡servicio a la Corona!
Pablo Iglesias advierte: "Vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque moleste"
Iglesias entra en la cacería contra el rey Felipe VI y le acusa de falta de "neutralidad" política»
- SEGUNDO SANZ
- 31/12/2021 06:50
- ACTUALIZADO: 31/12/2021 07:59
La Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, otorgada por Pedro Sánchez a ministros salientes de sus gobiernos, como el ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a otros del Partido Popular, fue restablecida por Franco en 1942 tras haber sido extinguida por el Gobierno provisional de la Segunda República.
El Ejecutivo de Sánchez, tan revisionista del pasado a través de su particular memoria histórica, que le ha llevado a exhumar los restos de Franco y a preparar una reforma de la ley de Zapatero, no ha tenido reparo ahora en repartir a granel distinciones de la Cruz de Carlos III -máxima distinción civil- que el comité revolucionario republicano-socialista suprimió poco después de haber proclamado la República el 14 de abril de 1931.
No fue hasta 1942 cuando Franco recuperó la Orden y su condecoración, que han seguido vigentes hasta la fecha. En 1983 el Gobierno de Felipe González estableció que también pudiera ser otorgada a «damas de nacionalidad española o extranjera» y facultó a la Presidencia del Gobierno para «adaptar el Reglamento aprobado por Real Decreto de 19 de enero de 1910 a las circunstancias y condiciones actuales». Ya en el año 2000 el Ejecutivo de José María Aznar aprobó un norma para dicha adaptación y acordó en 2002 un reglamento con más detalles sobre su concesión, que sigue el real decreto firmado por Pedro Sánchez el pasado 28 de diciembre.
En concreto, aquel Gobierno provisional de la Segunda República, integrado por los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero como ministros de Hacienda y Trabajo, respectivamente, firmó el decreto de 24 de julio de 1931 por el que el Ministerio de Estado declaró «extinguidas todas las Órdenes dependientes de este Ministerio a excepción de la de Isabel la Católica».
«Espíritu republicano»
El decreto decía así: «El criterio de austeridad que el Gobierno provisional de la República se ha impuesto como severa norma desde su advenimiento, oblígale a adoptar ciertas medidas, que las circunstancias presentes aconsejan, con respecto a honores y condecoraciones civiles».
Y subrayaba a continuación: «Una de ellas es la supresión de las Órdenes dependientes del Ministerio de Estado, con la única excepción de la Isabel la Católica, que, sin menoscabo del espíritu republicano de la Nación, debe conservarse por evocar su nombre tradiciones y grandezas imperecederas del pasado histórico de España». Cabe recordar que Carlos III fue paradigma del absolutismo ilustrado y reformador.
Gaceta de Madrid con el decreto republicano de 1931 que extinguió la Orden de Carlos III.
Sobre la orden de Isabel la Católica, la motivación añadía que «circunstancias de orden internacional aconsejan la conservación de una distinción honorífica destinada a premiar servicios de dicho carácter y virtudes cívicas, altos merecimientos para con la Humanidad, la Patria y la República o méritos relevantes en la política, en la ciencia, en las artes y en las letras». El citado decreto llevó la rúbrica de Niceto Alcalá-Zamora, presidente del Gobierno provisional de la República, y Alejandro Lerroux, ministro de Estado.
Once años después, el 10 de mayo de 1942, el régimen de Franco restableció la Orden de Carlos III con la denominación de «Muy distinguida Orden de Carlos III». Así se tituló aquel decreto firmado por el dictador Francisco Franco a propuesta del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, «previa deliberación del Consejo de Ministros» y «con objeto de premiar extraordinarios y muy meritorios servicios prestados a la Patria por nacionales y extranjeros».
Derogación
El artículo tercero señalaba que «el Ministerio de Asuntos Exteriores dictará el Reglamento para la aplicación de este Decreto y adaptación del anterior a las circunstancias actuales». Este decreto no fue derogado en su integridad hasta la aprobación por parte del Gobierno de Aznar del Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre, por el que «se aprueba el Reglamento de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III». Así consta en su disposición derogatoria única, que menciona expresamente el decreto de Franco y Serrano Suñer.
Decreto de Franco de 1942 restableciendo la Orden de Carlos III.
El mismo real decreto de 2002 derogó también el real decreto de 19 de enero de 1910, el Real Decreto 2103/1983 y la orden de 8 de mayo de 2000. En su exposición, señala que «la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Don Carlos III, por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el fin de condecorar a individuos beneméritos».
Y agrega: «El lema del que la dotó su fundador desde su creación, ‘Virtuti et merito’ (virtud y mérito), es el mejor indicativo de la finalidad de la Orden, pues serían las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la Corona las prendas personales que debían acompañar a quienes fueran agraciados con tan Distinguida Orden». Este reglamento es el que ha utilizado Pedro Sánchez para condecorar a sus ministros salientes, entre ellos el que fue titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, republicano confeso.