silenus
Será en Octubre
:format(jpg):quality(99):watermark(f.elconfidencial.com/file/bae/eea/fde/baeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png,0,275,1)/f.elconfidencial.com/original/23b/c9a/582/23bc9a58276c2df21d7da38dc0f0b4b2.jpg)
El Tribunal de Cuentas devuelve la fianza de 2,1 millones a ERC por los gastos del 'procés'
La fianza de 5,4 millones debía abonarse de forma solidaria, pero a cada ex alto cargo se le exigía una cantidad distinta en función del papel que jugaron en la presunta malversación
El Tribunal de Cuentas devuelve la fianza de 2,1 millones a ERC por los gastos del 'procés'
La fianza de 5,4 millones debía abonarse de forma solidaria, pero a cada ex alto cargo se le exigía una cantidad distinta en función del papel que jugaron en la presunta malversación
El Tribunal de Cuentas ha acordado devolver a ERC la fianza de 2,1 millones de euros que depositó en el marco de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la Generalitat para la acción exterior del 'proc'és. El auto del Departamento Segundo de Enjuiciamiento atiende así la petición del 'exconseller' Raül Romeva y considera que la posible responsabilidad contable de los exaltos cargos del Govern quedan cubiertos por los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El Tribunal de Cuentas dio luz verde a estos avales del Gobierno autonómico el pasado febrero. Por dos votos a uno, la Sala de Justicia tumbó la propuesta de la instructora, Esperanza García, quien había rechazó el aval y comenzado a tramitar el embargo de bienes a los líderes independentistas.
Aunque la fianza de 5,4 millones debía abonarse de forma solidaria, a cada ex alto cargo investigado se le exigía una cantidad distinta en función del papel que jugaron en la presunta malversación que acompañó a la acción exterior desarrollada por la Generalitat durante seis años, entre 2011 y 2017. De los 34 encausados, 28 se acogieron el pasado verano al aval del ICF, una maniobra que la instructora tachó de inaceptable: consideró que no podían usar fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público cuando el Ejecutivo se erige precisamente en supuesto perjudicado. Tras los recursos presentados, la Sala de Justicia revirtió la decisión.
