A pagar: Luz, tras*porte, tarifas de telefonía, butano, gas, pensiones, alquileres, hipotecas... todo lo que sube y baja de precio en 2024

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Nuevo año, nuevos precios. La llegada de 2024 ha traído consigo buenas y malas noticias para el bolsillo de los consumidores, que se encontrarán con subidas al pagar la factura de la luz o del teléfono, la hipoteca o el alquiler... estas son solo algunas de las novedades con las que arranca el año, que también deja alzas en las pensiones y en prestaciones como el ingreso mínimo vital a partir de este 1 de enero.
Alza en la factura de la luz

Una de las subidas que más notarán los consumidores en 2024 será la de la factura de la electricidad, debido a la revisión de los impuestos rebajados. Para amortiguar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, el IVA de la luz ha estado recordado al 5% durante todo 2023. Para el nuevo año, el Gobierno iniciará una recuperación progresiva del tipo con una primera subida del IVA de la electricidad al 10% para todo 2024. Además, el 1 de enero se revisan uno de los términos fijos de la factura, los peajes de acceso a las redes de tras*porte y distribución de electricidad, que subirán ligeramente para los consumidores domésticos en las horas pico -de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas-, aunque se reducirán en las horas llanas y valle.

Además, el Gobierno ha revisado al alza el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que hasta este domingo estuvo bonificado del 5,11% al 0,5%. A partir del 1 de enero, será del 2,5% y pasará al 3,8% a partir de junio. También subirá el IVA para pellets y biomasa como alternativa al gas para la calefacción, desde el 5% de 2023 al 10% hasta el 30 de junio, antes de regresar al tipo del 21% a partir de entonces.
Lo que no se modificará de momento será el descuento máximo que el Gobierno aplica desde el año pasado a los beneficiarios del bono social eléctrico. El Gobierno los ha prorrogado hasta junio el descuento del 65% -en lugar del 25%- en la factura de la luz para los hogares vulnerables y del 85% -en lugar del 40%- para los vulnerables severos. Como requisito previo para acceder a esta prestación, es necesario que los hogares cumplan una serie de requisitos de renta y tengan la tarifa regulada, la PVPC, que estrenará un nuevo método de cálculo el 1 de enero de 2024 para conseguir precios más estables. Solo está disponible para particulares y microempresas, no para compañías de mayor tamaño.
2024 empezará también sin dos instrumentos para contener los precios de la energía si volvieran a escalar como vimos en 2022. Por una parte, decae el tope al precio del gas, la llamada 'excepción ibérica'. Aunque esta fórmula fue clave para contener el coste de la factura de la luz en 2022 tras la escalada de precios desencadenada por la oleada turística rusa de Ucrania —dado que el gas se utiliza para generar electricidad—, la lleva sin estar activa desde febrero de 2023 por los bajos precios del combustible, por lo que su desaparición tendrá a priori un impacto reducido en el bolsillo de los consumidores, salvo que el gas vuelva a encarecerse de forma desmedida. Asimismo, el Gobierno decidió no prorrogar el límite de 67 euros/MWh para los contratos de electricidad que se creó en 2021 para minorar los beneficios extraordinarios de las eléctricas debido al elevado precio de la energía ya antes de la oleada turística rusa de Ucrania. La consecuencia de esta decisión es incierta, porque dependerá del precio que quieran fijar las compañías en sus contratos con los consumidores, en función de un mercado cada vez más estabilizado pero ya sin el tope de 67 euros.

Revisión en el precio del butano
Este mes de enero se revisará el precio de la bombona de butano, que a mediados de noviembre ya subió un 5% con respecto al bimestre anterior hasta los 15,14 euros, una marca un 20% por debajo del nivel en el que se situaba por esas fechas en 2022. Esta cuantía, que el Gobierno fija cada dos meses, es el precio máximo al que se puede vender el gas licuado, dado que el coste de la bombona de 12,5 kilos está regulado por ley, aunque a él hay que sumar los impuestos. Como para la fijación de la tarifa de último recurso del gas (TUR) -la TUR4, vecinal, se prorroga finalmente-, se mantiene hasta junio de 2024 la limitación del 5% para las subidas y el año que viene la bombona de butano no podrá costar más de 19,55 euros.

IVA reducido en los alimentos
Se mantiene por el momento hasta junio de 2024 la rebaja del IVA de los alimentos del 10% al 5% en el aceite y la pasta y la supresión del gravamen superreducido del 4% en productos de primera necesidad como el pan, la harina, la leche, el queso, los bemoles, la fruta, la verdura, las hortalizas, las legumbres y los cereales. Siguen fuera de la bonificación otros alimentos básicos como la carne, el pescado, los yogures, el agua embotellada, el azúcar, la mantequilla, el café, el tomate frito y todo tipo de conservas.
Revalorización de las pensiones
El encarecimiento de los precios será compensado entre la población de mayor edad gracias a la revalorización de las pensiones contributivas, que suben a partir de este 1 de enero un 3,8%. El alza se corresponde con la inflación media registrada en 2023, para evitar así que los jubilados pierdan poder adquisitivo. En particular, la cuantía de la pensión máxima se eleva desde los 3.059 euros mensuales en 14 pagas hasta los 3.175 euros, lo que supone un incremento de 116 euros mensuales.
En cuanto a las pagas no contributivas, el aumento previsto es de un 6,9%, al igual que en el caso del ingreso mínimo vital (IMV). Por su parte, las pensiones de viudedad suben este año hasta un 14%. Ese incremento máximo es precisamente el que se aplica a personas con cargas familiares, un supuesto en el que la retribución media crece de 906 a 1.033 euros mensuales.

Crecen los sueldos
Según el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos firmaron, está previsto que el salario de los funcionarios aumente un 2% en 2024, un alza que podría incrementarse otro 0,5% en función de la evolución de los precios. A pesar de la subida, si se cumplen los pronósticos de inflación —el Banco de España estima que crecerá un 3,3% este año—, los empleados públicos perderán poder adquisitivo. El pacto alcanzado en su día por el Gobierno con UGT y CCOO —y del que se desvinculó CSIF— contempla un alza de un máximo del 9,5% entre 2022 y 2024.
En el caso de la empresa privada, patronal y sindicatos suscribieron en mayo el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge un alza en los salarios del 3% para 2024. Sin embargo, esto no supone un aumento automático y aplicable a todos los trabajadores del sector privado, sino que se trata de una recomendación en torno a la cual los agentes sociales se comprometen a negociar los convenios colectivos en los que participen. El AENC apunta a un alza salarial de un 10% repartida en tres años: un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025, con una cláusula de revisión de hasta un 1% adicional en caso de que el IPC de diciembre sobrepase los porcentajes pactados.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han negociado también en las últimas semanas del año una subida del salario mínimo (SMI), que en 2023 aumentó hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. El departamento de Yolanda Díaz ha propuesto incrementar esa cuantía un 4% en 2024 hasta los 1.123 euros mensuales, un monto que por el momento no convence ni a la patronal ni a los sindicatos. En su lugar, la OCDE plantea un aumento del 3% hasta los 1.112 euros, mientras que CCOO busca lograr una subida del 5% hasta los 1.134 euros y UGT apunta hasta los 1.200 euros para paliar los efectos de la inflación en productos básicos.
Suben las cotizaciones
El cambio de año ha traído también subidas de impuestos, aunque buena parte de ellas recaen sobre las empresas. En ese sentido, en el Impuesto sobre Sociedades se limita la compensación entre grupos empresariales y se reduce el tipo impositivo a empresas que facturen menos de un millón de euros. En el caso del IRPF, se eleva un punto la presión sobre las rentas de capital menores a 200.000 euros hasta un 27% y se crea un tramo al 28% para los beneficios por inversiones que superen los 300.000 euros, unas modificaciones que se suman a las adoptadas a nivel autonómico. Por el contrario, aumenta la reducción por rendimientos del trabajo para quienes cobran menos de 21.000 euros y se extiende la deducción por maternidad.

Además, también las cotizaciones a la Seguridad Social crecen debido al alza de una décima hasta el 0,7% en el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la herramienta introducida en enero de 2023 tras la reforma del sistema de pensiones. Las bases máximas de cotización se incrementan hasta los 4.720 euros mensuales, por lo que la parte del salario de un trabajador que supere esa cuantía está exenta de cotizar.
En el caso de los autónomos, aquellos que se encuentren en los tramos más bajos tendrán que pagar entre cinco y diez euros menos de cuota. Sin embargo, aquellos que se sitúen en los tramos más altos afrontarán subidas de entre 10 y 30 euros.
Cambios en el subsidio por desempleo
Otra de las prestaciones que sube en 2024 es el subsidio por desempleo, aunque en este caso habrá que esperar hasta junio para que los cambios sean efectivos. El Gobierno aprobó en el penúltimo Consejo de Ministros de 2023 una modificación en esta ayuda a la que pueden optar los parados que cumplan determinados requisitos de renta una vez agotada la prestación contributiva, elevando la cuantía percibida al inicio. En concreto, en lugar de los 480 euros mensuales en los que se sitúa actualmente el subsidio por desempleo, aquellas personas que empiecen a cobrarlo a partir de junio recibirán 570 euros durante los primeros seis meses, 540 euros durante los seis meses siguientes y finalmente 480 euros durante el tiempo que reste hasta la extinción de la ayuda, cuyo tope siguen siendo 30 meses.
Además, se ha ampliado también el alcance del subsidio, que pasará a ser compatible con un empleo durante los primeros 180 días, a los menores de 45 años sin cargas familiares —hasta ahora estaban excluidos—, así como a los trabajadores eventuales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura y a los trabajadores tras*fronterizos que acuden a trabajar a diario a Ceuta y Melilla. Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan a que esta ampliación incorporará al sistema a unos 400.000 parados, que ya no tendrán que esperar un mes entre que dejan de cobrar la prestación contributiva y comienzan a beneficiarse del subsidio.
Expectación en las hipotecas
Todo apunta a que 2024 será un año de alivio para los hipotecados con préstamos a tipo variable, aunque las bajadas en las cuotas mensuales no llegarán de forma inmediata. De hecho, aquellos que revisen su mensualidad a principios de año todavía afrontarán subidas, aunque más moderadas que las del año pasado. Esto se debe a que el euríbor, que es el índice utilizado como referencia en la mayoría de hipotecas variables, se mantiene por encima del nivel registrado hace un año, a pesar de haber emprendido en los últimos meses una senda descendente. El indicador cayó en diciembre por debajo del 4% por primera vez desde mayo, pero un año antes apenas superaba el 3%. De mantenerse esta tendencia, las primeras bajadas en las cuotas podrían llegar en la segunda mitad del año.

Tope a la subida del alquiler
La Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de mayo establece limita la subida de los alquileres al 3% en 2024, frente al 2% que acordó el Gobierno para 2023. De este modo, los caseros no pueden revisar al alza las mensualidades más de esa proporción y deben avisar al inquilino con un mes de antelación antes de aplicar la subida. No obstante, si el propietario de la vivienda no es un gran tenedor —es decir, tiene menos de diez inmuebles urbanos— sí podrá aplicar un alza superior al 3%, siempre y cuando lo pacte con el inquilino.
tras*porte rebajado o gratuito
Los descuentos y gratuidades en el precio del tras*porte público que estuvieron vigentes en 2023 se mantendrán en 2024, según el decreto de fin de año en el que, sin embargo, el Gobierno no incluyó la gratuidad del abono tras*portes para jóvenes y desempleados que anunció Pedro Sánchez durante su sesión de investidura.
El Gobierno mantendrá su aportación del 30% para bonificar al menos el 50% del coste de los abonos tras*porte y espera que las comunidades contribuyan por lo menos con un 20% adicional y se mantiene la gratuidad de red de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia —todas ellas dependientes del Estado— para pasajeros frecuentes, así como el descuento del 50% para las líneas Avant, aunque tres de ellas -la que une A Coruña y Ourense, Murcia y Alicante y los puntos de conexión entre Madrid y Salamanca- serán gratuitas.
Al margen de la aportación del Estado, el precio del tras*porte público dependerá de la contribución de otras administraciones. Por ejemplo, el País Vasco mantenido la bonificación del 20% aplicada ya en 2023, mientras que la Comunidad de Madrid previsiblemente mantendrá la suya, del 30% para sumar un descuento total del 60%. La Autoritat del tras*port Metropolità (ATM) de Barcelona ha subido las tarifas un 6,75% de media para 2024.
En el caso del tras*porte privado, según la fórmula consensuada entre el Ministerio de tras*portes y las empresas concesionarias de las autopistas, los peajes se encarecerán como máximo en 2024 un 4,03%. Corresponde al Gobierno decidir si aplicar toda la subida o solo una parte, compensando a las empresas con otros mecanismos, como ya ocurrió en 2023, cuando la fórmula arrojaba un incremento del 8,4% y el alza se limitó al 4% para paliar el efecto sobre los conductores.
Subidas en las tarifas telefónicas
Las dos grandes compañías telefónicas han aprovechado el cambio de año para revisar sus precios. Por un lado, Vodafone vinculó en 2022 sus tarifas a la inflación, actualizando así sus tarifas con el IPC interanual promedio hasta el mes de septiembre. De este modo, la operadora incrementa sus cuotas un 4,38% a partir de este 1 de enero, lo que se traduce en que las facturas subirán entre 0,70 y 4,30 euros al mes, sin cambios en las condiciones contratadas.
También Movistar ha revisado sus tarifas, aunque en su caso no aplicará los cambios hasta el 15 de enero. La subida de tarifas afecta a todos los servicios de móvil, fibra y televisión y supondrán subidas en las cuotas de entre 2 y 4 euros al mes, en función del paquete, aunque se respetan sin cambios aquellos precios contratados en promoción.

 
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