A favor o en contra de una RBU

lunes, 16 de septiembre de 2013
De Rentas Básicas y salarios sociales
No hay trabajo para todos. Esa es una realidad exponencial en el sistema económico capitalista. La precariedad laboral está a la orden del día. Los salarios cada vez son más bajos, las jornadas laborales aumentan en una sociedad donde el 25% de la población se encuentra en situación de desempleo y el consumo se ha desbordado. A España le sobra una cuarta parte de su población. La clase obrera ha perdido lo más básico y su única manera de subsistir: el trabajo. Siendo la producción un lujo para unos pocos que viven de la plusvalía generada del trabajo ajeno, y viviendo los trabajadores sometidos a un salario, migajas de nuestra producción, los anarquistas y anarcosindicalistas abogamos por la abolición del trabajo asalariado, la toma de los medios de producción para su autogestión, el reparto del trabajo, y la gestión de la economía a través de federaciones de industria. No hay declaración de derechos humanos válida que defienda la propiedad privada impuesta por la burguesía que acabó con el absolutismo, y no reconozca al ser humano como poseedor de la producción y la distribución para la plena satisfacción individual y social.

Pero la cosa no es tan fácil como uno se pueda imaginar. Tenemos que contar con que, a pesar de la espontánea revuelta y posterior organización social que se denomina 15M, con su asombrosa capacidad de organización al margen de partidos y subvenciones, a través de la autogestión y la horizontalidad, en España la clase obrera como tal sigue totalmente perdida, sin tener conciencia de su puesto en la sociedad y en la economía, por lo que es incapaz de tener una idea determinada que desarrollar y una puesta en práctica concreta.

La Renta Básica Universal (RBU)

No podemos por tanto, en momentos de urgente necesidad y carencias, esperar el apoyo mutuo y la solidaridad de una clase obrera entusiasta dispuesta a pisotear burgueses de un momento a otro. Para evitar estallidos sociales innecesarios para los gobiernos y los empresarios, para fortalecer la paz social después de la 2º Guerra Mundial, se creó el estado del bienestar, en el cual el estado ofrece una serie de garantías sociales a la totalidad de habitantes de un país.
Iniciativas basadas en la socialdemocracia (grupos dentro del espectro de la izquierda institucional), defensoras del estado del bienestar dentro de una economía de mercado más “justa” o de decrecimiento, luchan por lo que se denomina Renta Básica Universal (RBU) o Ingreso Ciudadano. Esta forma de reparto de la riqueza trata de dar una asignación a una persona dentro de una sociedad por el mero hecho de existir, independientemente de sus características económicas o sociales. Da igual si tiene dinero, o tiene un buen trabajo, etc. Así pues, gravando de impuestos a los ricos, y mediante la reasignación del Gasto Público, impuestos directos al capital, mejora de la inspección fiscal, impuestos a las transacciones, etc., se podría conseguir que el estado nos financiase a todos por el mero hecho de existir.

Tiene su justificación la renta básica en:
a) El reparto de la riqueza, donde todos los seres humanos podamos vivir con dignidad.
b) La economía al servicio de las personas.
c) Búsqueda de otras formas de ingreso efectivas para la subsistencia.

Inconvenientes de la RBU

Los empresarios nunca van a dar su brazo a torcer.

Ya ha quedado demostrado en estos más de 30 años de democracia, que el proceso político que se produjo dentro de la legalidad de las leyes franquistas llamado transición, no es más que una engaña y una mentira. Los partidos políticos no representan a aquellos que les votan, sino que están vacios de cualquier tipo de ideología que pretenda superar el capitalismo. Son gestores del sistema económico que defienden. Sus cargos no trabajan ni producen, su funcionamiento es totalmente vertical (alejando a las bases de cualquier capacidad real de decisión, y si quieres llegar alto tienes que tragar), velan por sus intereses económicos y partidistas, son subvencionados por la patronal, además de aliarse, pactar y proteger a los grandes empresarios, banqueros y alta nobleza a cambio de suntuosos retiros y cargos en grandes compañías clave en el sector productivo.
Así pues, el estado se ve inválido para realizar cualquier tipo de mediación entre la patronal y los trabajadores. El estado solo se puede sostenerse y legitimarse mediante la violencia a través sus cuerpos represivos, y es la que ejerce contra los trabajadores tanto en su día a día, como en movilizaciones de carácter social. El miedo y la sangría de dinero por multas llevan al inmovilismo, y con ello salen reforzados los empresarios, los cuales pueden seguir haciendo propuestas de disminución de derechos laborales y sociales para seguir aumentando más su dinero y poder.
La RBU no soluciona el problema social. En una sociedad donde existen una continua tensión y confrontación entre clases sociales, es totalmente imposible el pensamiento de que a través de un gobierno de “izquierdas” de pronto cambien las leyes, y los empresarios, dueños del capital y las riquezas, salgan de su burbuja de gloria y vanidad, y vayan a querer compartirlas con todo el mundo.

No saca a la clase obrera de la miseria, la perpetua.

No se puede confundir la renta básica con cualquier tipo de subsidio o limosna que dan en España las CCAA (como la REMI en la Comunidad de Madrid o el Salario Social en Andalucía) para luchar contra la exclusión social, y que, como era de esperar, solo la perpetua. La RBU sería un mecanismo de lucha contra la pobreza y por la libertad efectiva de las personas. Aun así, es un concepto demasiado relativo si se habla de pobreza y exclusión. La RBU no es una solución al paro, ya que este es imposible de abolir dentro de una sociedad capitalista, que necesita el paro para que no suban los salarios, y tener trabajadores asustados y sumisos compitiendo entre ellos por miedo a ser reemplazados. Dentro de nuestra educación cristiana y patriarcal de que hay que trabajar y sacrificarse, el efecto del paro crea una idea de inutilidad y de completa marginación que lleva a la depresión, drojadicción o suicidios. Toda la historia que contaban los sindicatos y los gobiernos de turno sobre el pleno empleo no era más que una mentira tras otra a una sociedad que no entiende en qué tipo de sistema está viviendo.
Por tanto, no es posible que la RBU pueda favorecer el acceso al mercado laboral. Sí es cierto que puede reforzar las iniciativas de autoempleo, ligadas a la creación de nuevos empresarios, por lo que refuerza aun más la lógica del sistema.
Tampoco sirve la RBU para la defensa real de las condiciones de trabajo en las empresas. Ya que el trabajador tiene a su disposición unos ingresos base, existe la posibilidad de precarizar aún más las condiciones de trabajo, que la gente trabaje por un salario ínfimo o incluso que se trabaje sin percibir ningún tipo de remuneración. Esto se traduce en un aumento exponencial de la precariedad dentro de las relaciones laborales.

La RBU fomentaría el parasitismo.

Hay quien afirma que el ser humano es lo suficientemente inteligente como para ser capaz de descubrir nuevas satisfacciones por sí mismo, por lo que siempre estará dispuesto a trabajar. Esta afirmación es totalmente falsa. En una sociedad donde priman el hedonismo y el nihilismo ya como algo cultural y adquirido, cualquier ser humano puede perfectamente entrar en un círculo vicioso constante que le impide aportar a una comunidad, pero sí le permite destruirla a su gusto y disfrute. Si no nos cerramos y miramos incluso a aquello que no queremos ver, podemos darnos cuenta de que miles de personas, victimas o no de la exclusión social, están en círculos hedonistas cerrados en búsqueda del placer inmediato. En una sociedad donde la educación es tan sumamente mediocre, que solo selecciona máquinas productivas y no fomenta la plena inteligencia del individuo y el gusto por el aprendizaje, las artes, las ciencias y la filosofía, no se logra más que el ser humano se embrutezca y/o autodestruya.

La sociedad del bienestar no ha trabajado por el desarrollo integro del individuo y su independencia, sino que ha formado auténticos yonquis del estado, cuya dependencia de las instituciones es tal, que nunca pueden llegar a cuestionárselas. Personas que no quieren formarse, no quieren trabajar, no quieren hacer nada más que seguir en su círculo individualista de hedonismo y nihilismo, tranquilas hasta su mera destrucción.

La RBU crearía un sector de dependientes al estado, cuya aspiración en la vida sería nada más que la destrucción del bien común para buscar un sentido a su visión egoísta de la realidad y a su propia autodestrucción. Se pierde cualquier aspiración de solidaridad y apoyo mutuo entre iguales.

La cultura, un bien común.

Se podría afirmar que la existencia de una RBU permitiría a muchas personas dedicarse exclusivamente al arte y la cultura, pudiendo vivir de las mismas. Evitaríamos la existencia de élites de la cultura y el arte, si este estuviese a disposición de todo el mundo, no de unas pocas manos. El arte puede ser potenciado dentro de cada individuo. La música, la danza, la poesía, el teatro, etc., son patrimonio común de toda la humanidad, por lo que nadie debe especular con ellas. Si no se especula, no harían falta “profesionales” que se dedicasen a esto. Todos podemos crear y potenciar con nuestra mente y nuestras manos según nuestras habilidades, para el disfrute común. Si existe el reparto del trabajo, todos podemos tener tiempo para aportar a nuestra comunidad, y todo el tiempo restante para aprender y crear y llegar a donde queramos. La RBU solo propiciaría la explotación de la cultura y de aquellos que quieren llegar a ser “alguien”, y que pueden ver sus sueños truncados por el capricho de las élites empresariales de la cultura.

El trabajo asalariado, las rentas y las prestaciones no nos hacen libres, su abolición sí.

Las visiones más “radicales” dentro de los defensores de la RBU ven a esta necesaria, junto a otras reivindicaciones de toda índole. Se sigue pensando que un programa de izquierdas transformador podría romper con la actual conciencia social e incluso fomentar la creación de instituciones comunitarias que puedan suplantar al estado. Incluso he podido llegar a leer entre sus defensores que potenciaría los movimientos sociales, ya que sus miembros están financiados colectivamente por la renta básica. Sin embargo, como he intentado demostrar, la RBU solo potenciaría al estado, podría beneficiar a los empresarios y potenciaría la decadencia a la que nos mantiene condenados el capitalismo.
Ya hay suficientes experiencias históricas que han demostrado que los partidarios de Marx en aquel congreso de La Haya de 1872 se equivocaban. Que la conquista del poder político por la clase obrera solo ha perpetuado la explotación y ha creado un capitalismo de estado que ha llevado a una esclavitud y represión equiparables a las del liberalismo y el fascismo.
Es aquí donde los anarquistas y anarcosindicalistas debemos seguir trabajando en la concienciación de la clase obrera, haciendo ver que la autogestión es posible:

* Apoyar y fomentar la autoorganización de trabajadores para el fomento de sus intereses y para arrancar conquistas económicas y sociales que hagan ver a la clase obrera que la organización horizontal y autónoma es viable en los tres sectores económicos, para que estos puedan ser expropiados y funcionen en régimen de autogestión, creando así procesos colectivistas que puedan dar lugar a la supresión del estado y del régimen capitalista.

* Creando redes de autogestión donde los parados que estén excluidos del mercado laboral o quieran salir de este, en vez de pudrirse en la desesperación, tomen las riendas de su destino y demuestren que las cooperativas autogestionadas pueden ser como islotes de igualdad y responsabilidad colectiva al margen de la explotación laboral en la producción y la distribución. Las cooperativas y las comunidades demuestran que la anarquía no es una utopía, sino que es viable en el plano de las relaciones entre individuos, como en el de las relaciones de producción. Pero siendo conscientes de trabajar los aspectos ideológicos de las mismas, que pueden ir desde la autogestión, hasta la burocracia más compleja, pudiendo convivir los dos aspectos. Son un ejemplo interesante, ya que las tentativas comunitarias son molestas para el poder y este intentará integrarlas dentro de su maquinaría jerárquica o destruirlas.


Por lo tanto, el Socialismo no puede ser nada más que la expresión revolucionaria y transformadora de la clase obrera; económicamente no puede ser otra cosa que el establecimiento de la propiedad colectiva de los medios de producción, el fin de la explotación; es decir, la autogestión. Más aún: suprimir la gobernación de los hombres y reemplazarla por la administración de las cosas.
“Rudolf Rocker – Anarcosindicalismo, Teoría y Práctica”

*Publicado en el nº 403 del Periódico CNT

La crisis nos ha convertido en uno de los países europeos con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social y en el país más desigual de la Unión Europea según el indicador 80/20 (el cociente de ingresos del 20% de la población más rica y el del 20% más pobre). Y eso que la renta per cápita española está en valores cercanos a la media europea.

Una de las causas de esta singular situación es la escasez del desarrollo del estado del bienestar en España. Nuestra presión fiscal de 8 puntos inferior a la media europea nos condena a ser un país de segunda (o tercera) en capacidad de realizar un gasto público de acuerdo a nuestra riqueza y de reducir la pobreza mediante los impuestos. No existe ningún país de nivel de renta tan alto que gaste tan poco en educación, salud o servicios sociales. El déficit de gasto social público es aún más elevado si cabe en Cataluña o Madrid, por sus insuficiencias en el modelo de financiación autonómico y por algunas veleidades fiscales de sus gobernantes.

Es más, sostengo que uno de los orígenes de la crisis diferencial que sufrimos proviene precisamente de estos ingresos y gasto público inferiores, que si en España hubiera estado en un nivel más acorde con el que le correspondería en comparación a su generación de riqueza, hubiera resultado en una economía más equilibrada y resistente a la crisis, con un consumo interno más estable y menos afectada por el hundimiento del sector de la construcción y de las industrias y servicios complementarios.

Una economía con niveles de gasto público más elevados dispone también de unos multiplicadores fiscales más altos: cada euro gastado por el sector público tiene una recuperación fiscal por la vía de impuestos y de reducción del gasto en desempleo más elevado que el de una economía cuyo sector público ingrese y gaste poco. Aun así, en la práctica en España significa que un euro más gastado por el gobierno en realidad solo supone un gasto neto de menos de la mitad o incluso de un tercio de ese euro sobre las cuentas públicas. Desgraciadamente en España llevamos tres años aplicando la receta en sentido inverso, gastamos menos pero el ahorro conseguido acaba siendo menos de la mitad de lo que se pretendía obtener. Y así nos va con el incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit desde que aceptamos obedecer la lógica de la troica y no ser expulsados del edén de la zona euro.

Y no digamos si durante todos los años de expansión hubiéramos gastado en I+D (no solo el sector público sino sobre todo el privado) lo mismo que Europa. Posiblemente hubiera bastado con la misma cantidad gastada en las deducciones fiscales para planes de pensiones privados y para compra de vivienda para transformar nuestro sistema productivo.

Existía antes de la crisis un déficit de gasto social en especie (en servicios públicos como la salud o la educación, o incluso la I+D) y en transferencias monetarias (pensiones, ayudas a las familias, etc.) de 8 puntos de PIB con la UE-15 (ahora se ha reducido a 7 puntos por el incremento del gasto en paro). Pues bien, incrementar el gasto en estos 7 puntos no debería costar más que 3 o 4 puntos de mayor presión fiscal, el resto se recuperaría por la mayor recaudación y el menor gasto público en otras partidas. Si convergiésemos con Europa en presión fiscal (mediante subidas selectivas de impuestos como los ambientales, eliminación de la competencia fiscal entre CCAA, supresión de nichos de ahorro y elusión fiscal para las rentas y patrimonios elevados y una mayor lucha contra el embeleco y los paraísos fiscales) todavía nos sobraría dinero para reducir el déficit a los sacrosantos objetivos de estabilidad.

Podemos poner como ejemplo de éxito la política de pensiones, que ha conseguido reducir la pobreza entre los mayores incluso ahora en tiempos de crisis. De hecho la tasa de riesgo de pobreza del 2012 en España entre los mayores de 64 años fue del 18,7% frente al 28,2% entre 16 y 64 años y del 29,7% para los menores de 16 años. Ya vemos aquí que el paro seguramente se convierte en el primer problema generador de pobreza y exclusión, afectando a las personas en edad de trabajar y también a sus descendientes. Y no se dispone de estudios de como la solidaridad intergeneracional ayuda a que se superen las situaciones más críticas pero a la vez expande la pobreza también entre los más mayores, que deben compartir sus pensiones con sus descendientes y nietos.

El gran éxito de la ideología socialdemócrata europea desde la postguerra fue la instauración de las políticas de pleno empleo y éstas fueron las causantes de la mejora continua de las condiciones de vida, conjuntamente con el desarrollo del estado del bienestar que facilitó una educación para todos y pogresiva incorporación de la muyer al trabajo remunerado. Dar igualdad de oportunidades a la cualificación y eliminar trabas al acceso al trabajo con independencia del origen social o de género se convirtió en el punto de apoyo y la realidad del pleno empleo en la palanca real del pogreso.

¿Cuál es la situación ahora? Algunos, cada vez más, pensamos que estamos ante una crisis estructural del modelo de crecimiento. Crecimiento sostenible es un oxímoron causado por una doble tendencia:

-Por un lado el crecimiento de la productividad, aunque ralentizado en los últimos años, libera horas de trabajo y fuerza laboral de las tareas que venía realizando. La economía, y en esto el capitalismo lo ha hecho bastante bien durante dos siglos, busca nuevas ocupaciones para emplear la fuerza de trabajo, sea produciendo nuevos bienes sea en los servicios, cuya productividad crece más despacio. Pero la consecuencia es que para mantener la maquinaria macroeconómica empleando a todo el mundo todo el tiempo se necesita seguir creciendo y creciendo aun a pesar de la reducción secular de la jornada laboral.

Algún crecimiento es bueno: educación, inversión en energías renovables sostenibles y eficiencia energética, servicios de proximidad, etc., pero mucho otro pasa por potenciar una espiral de más consumo de bienes y servicios intensivos en recursos materiales y energéticos …en un planeta finito que ya muestra evidentes signos de agotamiento en la extracción de nuevos recursos y el tratamiento de los residuos generados en la producción y consumo.

El crecimiento de la productividad nos ha de permitir afrontar el envejecimiento demográfico y el incremento de costes relativos de los servicios personales, pero como dijo W. Leontieff la tecnología nos puede dejar muriéndonos de hambre en las puertas del paraíso por no saber cambiar las normas de reparto de la producción… o nos puede destrozar el paraíso por querer seguir creciendo a toda costa por la misma razón.

-Por otro lado nos hallamos en medio de un proceso extraordinario de financiarización de la economía. Muchos recursos tecnológicos y mucho talento se ha dedicado a casi triplicar desde 1980 el peso de los activos financieros sobre el PIB mundial, cabalgando sobre la globalización. La consecuencia es que los activos financieros (con su contrapartida en pasivos financieros) demandan rentabilidades crecientes en términos monetarios al mundo real (dividendos e intereses a las empresas no financieras, e intereses a las familias y a los gobiernos), o sea al planeta, en una escalada sin fin derivada del interés compuesto. El capital busca los mayores rendimientos y éstos una vez devengados y de nuevo ahorrados en parte se reinvierten solicitando más rendimientos: más producción real de donde extraerlos. Como decía Serge Latouche citando a Kenneth Boulding: el que crea que un crecimiento exponencial es compatible con un planeta finito es un loco o un economista.

El resumen es que una estrategia de pleno empleo a tiempo completo para cubrir las insaciables necesidades de rentabilidad del capital puede acabar siendo un suicidio planetario: los ideales de la socialdemocracia con políticas keynesianas anticíclicas y con el objetivo del pleno empleo en todo el planeta, consumiendo los mismos recursos per cápita que los países ricos no son posibles.

¿Es éste un mensaje pesimista? No tiene porqué si lo aceptamos y lo afrontamos con las ideas y propuestas que ya se están planteando de manera creciente y esperemos que se conviertan en mayoritarias:

En primer lugar hay que repartir el trabajo remunerado existente si admitimos que el trabajo es la más eficaz de las herramientas para la integración social y todo el mundo tiene derecho a ello, pero no podemos forzarnos a crear puestos indeseables social o ecológicamente (o de miércoles, como decía David Graeber).

¿Cómo es posible que en España el trabajador medio trabaje un 18% más de horas al año que un trabajador alemán y a la vez tengamos 20 puntos más desempleo? o que el trabajo a tiempo parcial en España apenas alcance al 15% de la población ocupada frente a casi el 50% en Holanda, también con unos niveles de paro mínimos? ¿Cómo es posible tanta desigualdad en el acceso al trabajo en España cuando otros países sí han visto que la incorporación masiva de la muyer al trabajo implicaba un cambio en el reparto del trabajo porque era imposible crear tantos puestos de trabajo como se requeriría para dar pleno empleo a toda su población activa?

Debemos aceptar que es imposible crear en España 5 millones de puestos de trabajo en un tiempo razonable, que no lleve antes a la desintegración social o a la emigración masiva, si no afrontamos el reto del reparto del trabajo.

Los cálculos más optimistas de los nichos de puestos de trabajo potenciales detectados por los defensores del Green New Deal nos dan hasta medio millón de nuevos puestos de trabajo en España en 10 años, y un incremento de 5 o 6 puntos del PIB en gasto social podría acarrear entre medio millón y un millón más de trabajadores en educación, sanidad o dependencia. Aun nos faltan 3 o 4 millones de puestos para suplir el enorme agujero dejado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la inmi gración masiva que tuvimos la década pasada. Y no creo que estemos dispuestos a iniciar otra burbuja para construir 4 o 5 millones de viviendas nuevas más, cuando seguimos endeudados hasta las cejas y tenemos más de tres millones de viviendas vacías.

¿Cómo repartimos el trabajo?

¿Podemos reducir los sueldos un 15% para crear un 15% más de puestos de trabajo o un 30% de puestos más a tiempo parcial, sin encarecer los costes laborales? Recordemos que una mayoría de empresas también están sufriendo en sus cuentas de resultados los efectos de la crisis de demanda interna y las restricciones financieras: según los últimos datos de la agencia tributaria solo el 41% de las declaraciones del Impuesto de Sociedades del 2011 declararon beneficios, 14 puntos menos que en el 2003. En el 2011 alcanzamos el récord de que la suma de los beneficios de las empresas con resultado positivo era menor a la de las pérdidas de las empresas con resultados negativos.

¿Y podemos repartir el trabajo reduciendo los sueldos cuando el sueldo más común en España en 2011 fue de 15.500 euros brutos, algo más de lo que ganaba un mileurista cuando trabajaba? Recordemos que según un informe de Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya un 14% de los trabajadores eran working poors, su salario no llegaba al umbral de pobreza.

Resumiendo:

-No vamos a alcanzar el pleno empleo sin una estrategia agresiva de reparto del empleo actual, aun combinándose con el impulso público-privado de la creación de empleo en sectores selectivos como los relacionados con la transición energética o el refuerzo del estado del bienestar, incluida la I+D.

-El reparto del trabajo se ha de producir mediante los cambios normativos oportunos, el incentivo fiscal a la creación de puestos a tiempo parcial, el desincentivo a las horas extraordinarias, el impulso del reparto en el sector público mediante políticas de recursos humanos y de compra pública proactivas y mediante un enfoque de la formación profesional plenamente dual, que desincentive o incluso prohíba que los jóvenes trabajen a tiempo completo y favorezca que compaginen formación y trabajo.

-Pero no podemos reducir los ingresos más bajos porque ya no permiten desarrollar un proyecto de vida autónomo digno y a la vez tampoco podemos encarecer un 15% los costes laborales so pena de profundizar la crisis empresarial que no podemos negar. Los sueldos han de crecer con la productividad, con un adecuado reparto de las ganancias entre empresa y trabajadores, fomentando las formas de economía social y de cogestión en las empresas... pero debemos preservar a la vez la sostenibilidad financiera empresarial y atacar las rentas de monopolio que siguen incrustadas en amplias zonas de nuestro modelo productivo.

-El nivel tecnológico y social que ha alcanzado la humanidad es capaz de generar suficiente producción e incentivos adecuados para que se siga generando riqueza de manera competitiva y sostenible (como lo demuestran cada día los países nórdicos) sin que nadie tenga que pasar privaciones materiales ni dejar de tener un acceso equitativo a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia ni a una vivienda digna y asequible.

La medida que hace posible que todo encaje es la implantación de un nueva fiscalidad que financie una Renta Básica universal e incondicional que permita a la vez desarrollar el estado del bienestar y que aporte a cualquier persona una renta de subsistencia que le evite tener que mendigar una ayuda para él o su familia a cambio de tener que estar dispuesto a aceptar cualquier trabajo so pena de perder el subsidio público. En este modelo a cualquier trabajador con un sueldo bajo o medio, o a tiempo parcial, la combinación de sueldo (rebajado en el global, mantenido por hora para crear ocupación) + RB le aportará más recursos netos que los que su actual sueldo neto le aporta ahora. Y su pareja, su descendiente o hija o su padre o progenitora trabajarán si así lo desean.

Sólo repartiendo lo que ya se produce podemos detener esta espiral destructiva por la que solo creciendo y endeudándonos podemos mantener el sistema socialmente estable, como una ciclista que pedalea para no caerse pero va hacia el abismo.

La buena noticia es que la RB es factible: por ejemplo, una renta básica que siguiera los cálculos de la OCDE sobre los actuales umbrales de pobreza según tamaño familiar en España tendría un coste de unos 230.000 millones de euros anuales, menos del 22% del PIB. Pero es que debemos tener en cuenta que solo en la liquidación del IRPF del 2011 la suma de gastos a deducir sobre los rendimientos brutos, de reducciones de la base liquidable, de mínimos personales y familiares y de deducciones de la cuota íntegra del impuesto ascendían a casi 300.000 millones de euros. También que el estado se ahorraría de pagar más de 80.000 millones de transferencias monetarias actuales (las que suman las pensiones, subsidios de paro y otras ayudas por debajo de la RB) además de los enormes costes de gestión y de control. Los cálculos dan que la RB en España se podría financiar con un IRPF a tipo único sobre todos los rendimientos inferior al 50% y, según los supuestos, cercano al 40%. Y se mantendría intacta la capacidad recaudatoria actual del impuesto para seguir financiando el gasto público estatal y autonómico.

Para los trabajadores el sistema de cobro sería similar al actual: los sueldos bajos tendrían un retención negativa (combinación del impuesto sobre la renta más la RB) que les incrementaría el sueldo líquido por encima del bruto, los sueldos medios tendrían una retención similar a la actual y los salarios más elevados tendrían una retención mayor (pero inferior a las actuales para los sueldos más altos). Los rentistas pagarían más y todo el mundo tendría un ingreso.

La propuesta de RB no solo es absolutamente compatible sino que creo ha de ser una pieza necesaria para el desarrollo social que defiende la izquierda para nuestro país. La RB en la versión que defendemos los miembros de la Red Renta Básica que hemos realizado un estudio del que en pocas semanas podremos ofrecer detalles, no es un cheque substitutivo de ningún servicio público, lo que hace es visualizar claramente que nuestro acervo tecnológico y social colectivo dispone de más de lo necesario para que nadie nunca más deba pasar por penurias extremas como está sucediendo hoy en nuestro país ni tener que verse obligado a aceptar cualquier trabajo mísero, legal o no, para subsistir.

Incrementar el gasto y la inversión social en España conjuntamente con una RB que haga más eficiente la política de transferencias monetarias, que elimine las situaciones de pobreza por culpa del paro u otras situaciones de falta de ingresos, que empodere a los jóvenes y a los otros colectivos con dificultades de empleo a no tener que aceptar trabajar de cualquier manera y a cualquier precio, que elimine la trampa de la pobreza asociada a las rentas mínimas (la trampa que hace que a un parado aceptar un trabajo, frecuentemente mal pagado, le implique un tipo impositivo efectivo sobre su nuevo sueldo del 100%, al perder todas las ayudas que percibía), que reconozca el valor del trabajo no remunerado, que libere a las muyeres dependientes, que facilite las transiciones formación-trabajo-formación-etc., que proporcione un ingreso fijo y estable que permita no ser excluido del acceso al crédito o la vivienda por no disponer de un contrato estable, que no estigmatice al perceptor de rentas mínimas garantizadas frente a la administración o a la sociedad, es la combinación ganadora a los retos actuales, que ya no son los de nuestros padres o abuelos. Y es la más poderosa de las herramientas de transformación social de la que nos podemos dotar.

Algunos críticos de la RB nos ponen en el dilema de que apostar por la RB y el refuerzo del ahora recortado estado del bienestar son dos esfuerzos demasiado grandes para ejercerlos de manera simultánea. Y también hay quien opina legítimamente que repartir el trabajo e implantar la RB también es demasiado complejo. Mi respuesta es que lo que es complejo y costoso tanto ahora como por sus efectos a largo plazo es soportar los niveles de pobreza, desigualdad y descapitalización humana y jovenlandesal del país. El refuerzo del estado del bienestar ni garantiza el pleno empleo a tiempo completo, ni nada que tenga un sentido de sostenibilidad lo va hacer, ni tampoco eliminar la pobreza, solo la mitiga. Si hubiera que priorizar empezaría por una RB que devuelva la dignidad a millones de personas de este país. Afortunadamente nuestros servicios básicos sanitarios y educativos mantienen, pese a los recortes recibidos, todavía un encomiable nivel de calidad, gracias al esfuerzo de sus profesionales. Y el reparto del trabajo activaría a los jóvenes y devolvería la esperanza a los mayores de que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad, aun reconociendo la necesidad de aceptar que existen otras formas de aportar al bien colectivo diferentes a la de desarrollar un trabajo mercantilizado y de que los salarios de mercado no reflejan su verdadera utilidad o desutilidad social.

La Renta Básica permite desplegar urgentemente una estrategia no para salir de una crisis con viejas recetas, sino para cambiar radicalmente cómo queremos nuestra sociedad y cómo salvamos el planeta salvándonos a nosotros, a todos, sin dejar nadie a la intemperie y lo antes posible.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 20 de agosto de 2013

Este artículo, apoyando el principio de la renta básica, cuestiona alguna de las aplicaciones de tal propuesta.

En 2006 publiqué mi libro El subdesarrollo social de España (Editorial Anagrama) en el que documentaba las causas y consecuencias del enorme subdesarrollo del estado del bienestar en España y en sus diecisiete Comunidades Autónomas. En el texto, aún cuando señalaba mi coincidencia con el principio de garantizar una renta básica a los ciudadanos y residentes del país, tenía mis dudas sobre la manera como se estaba proponiendo por algunos defensores de la Renta Básica (RB) de cómo hacerlo. Tal propuesta –la de establecer RB en España- era y continúa siendo una de las medidas que ha acaparado más la atención de las fuerzas pogresistas en nuestro país. Hoy, en unos momentos de grandes recortes del insuficiente estado del bienestar español, tal propuesta de establecer una renta básica se ha convertido en central en las reivindicaciones de sectores de las fuerzas pogresistas del país. De ahí que sea importante iniciar de nuevo un debate sobre la conveniencia ahora de tal medida y cómo llevarla a cabo, estableciéndose un debate sin acrimonia, entre fuerzas pogresistas que comparten el objetivo de mejorar la tan subdesarrollada España social.

Veamos pues los argumentos y los datos. Y miremos primero las áreas de acuerdo. Tengo que suponer que toda persona o fuerza política pogresista está de acuerdo en que el Estado (ya sea central, autonómico o local) debería financiar una serie de servicios públicos, tales como la sanidad, las escuelas primarias y secundarias, las escuelas de infancia, la educación terciaria, los servicios sociales, la atención domiciliaria a personas con discapacidades, las viviendas asistidas, la vivienda social, las residencias de ancianos, los programas de prevención de la exclusión social, los programas de integración de los viajeros, los programas de formación profesional y otros servicios públicos que garantizan el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. Pues bien, en cada una de estas áreas, el subdesarrollo y la subfinanciación de estos servicios es, en España, enorme. España está a la cola de la Europa Social. Tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE más semejantes en su desarrollo económico al nuestro. Mi libro documenta con gran detalle este retraso. Y nadie ha cuestionado los datos.

Asumo que nadie que se defina como pogresista dude de la necesidad de aumentar sustancialmente el gasto público en estos servicios públicos, para alcanzar, al menos, los niveles que corresponden a nuestro país por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Estamos hablando de un déficit de gasto público muy considerable, que, ya antes de la crisis, no era menor a 66.000 millones de euros (unos seis puntos del PIB). Y también asumo que nadie que se considere pogresista cree que la manera de solucionar este enorme déficit social sea dando un cheque social a cada ciudadano y residente para que se espabile por su cuenta y pague con este dinero unos servicios privados que sustituyan a los públicos, a los cuales el cheque público sustituiría (para una expansión de este y otros puntos ver el capítulo 9 de mi libro El subdesarrollo social de España). La corrección de este déficit de gasto público social requerirá una movilización masiva, todavía más acentuada y extensa ahora, cuando en lugar de reducir se está expandiendo enormemente este déficit de gasto público social como resultado de los recortes.

Veamos ahora el segundo gran capítulo del estado del bienestar: las transferencias públicas a las personas, ciudadanos y residentes en España. Estas transferencias siguen una determinada lógica, respondiendo a necesidades específicas que generan su demanda. Tienen como objetivo garantizar determinados niveles de vida (en general, definidos austeramente) a los beneficiarios, sean estos pensionistas, ancianos, infantes, jóvenes, familias, personas con discapacidades o personas en paro, entre otros. De nuevo, como en el caso de los servicios públicos, el gasto en transferencias por persona es bajísimo. Un cálculo elemental muestra que para alcanzar el nivel de gasto público en transferencias que deberíamos tener (al menos, por el nivel de desarrollo económico que tenemos) tendríamos que incrementar el gasto público en dichas transferencias en un 5% o 6% del PIB. Sumando esta cantidad a la anterior (déficit de gasto en servicios) nos da una cifra más que respetable: un total de más del 11% o 12% del PIB. Creo que la corrección de este déficit debería ser el objetivo principal de cualquier medida pogresista en el país.

¿Qué quiere decir renta básica?

Veamos ahora qué entendemos por renta básica. El concepto de renta básica implica que todo ciudadano o residente tendrá garantizada por parte del estado la renta necesaria para vivir una vida digna. No creo que nadie, con sensibilidad pogresista, pueda oponerse a este principio. El punto clave, sin embargo, es cómo garantizarlo. Una versión de la renta básica es que todo ciudadano, como derecho universal, es decir, derecho de ciudadanía o residencia, reciba un cheque público que sea de una determinada cantidad que garantice una vida digna. Naturalmente, un punto clave en este principio es qué quiere decir “vida digna”. Por regla general, vida digna se interpreta como vida no pobre, es decir, por encima del umbral de pobreza (Las cantidades que, por regla general, se utilizan son bastante bajas). Aún así, multiplicando el número de ciudadanos y residentes por el cheque de renta mínima básica 8.551 euros al año (60% de la renta media del país) se obtiene una cifra alrededor del 37% del PIB. Y ahí es donde la pregunta debe hacerse. ¿Es esta cantidad además de la necesaria para corregir el enorme déficit de gasto público social o es en lugar de? Si es además veo muy difícil, casi imposible (en la situación política del país con gran dominio de las derechas en la vida política del país), llevar a cabo dos propuestas muy ambiciosas (la necesidad de corregir el déficit social y el establecimiento de la RB) a la vez.

Lo cual me lleva al tema de cómo eliminar la pobreza, que es uno de los objetivos del movimiento a favor de la renta básica y que yo comparto. Y es aconsejable mirar la experiencia de los países que han sido exitosos en reducir e incluso eliminar la pobreza. Y todos ellos tienen un estado del bienestar muy desarrollado, como consecuencia de toda una serie de intervenciones que van desde la provisión de servicios públicos a la provisión de una renta asegurada para colectivos e individuos que reúnen una serie de condiciones, que la gran mayoría de la ciudadanía puede cumplir en situaciones vulnerables, lo cual explica la gran popularidad de estos programas.

La estrategia antipobreza de la socialdemocracia y de los partidos comunistas gobernantes (después de la 2ª Guerra Mundial en la Europa Occidental), incorporada también más tarde por sectores de izquierda de la democracia cristiana como la alemana, defensora entonces de la economía social, fue desarrollar políticas de pleno empleo, que estimularon el aumento de la población adulta que trabajaba (facilitando sobre todo la integración de la muyer en el mercado de trabajo mediante la universalización de los servicios de ayuda a las familias y sobre todo a la muyer, además de cambiar la mentalidad del hombre haciéndole corresponsable de las tareas familiares), con buenos salarios y con políticas de formación profesional que aumentaran la productividad y por lo tanto el salario, todos ellos elementos clave de una estrategia a corto y a largo plazo, con la provisión de una renta más que básica para aquellas personas que por causas ajenas a su voluntad no pudieran trabajar. Y aunque esta estrategia cambió en los partidos socialdemócratas con la aparición de la Tercera Vía y otras vías afines y con el abandono de la sensibilidad de izquierdas dentro de la democracia cristiana, la evidencia continúa mostrando que la estrategia antipobreza más acertada es la que utilizaron aquellas tradiciones políticas antes de que fueran abandonadas por aquellos partidos, a partir de la década de los ochenta. La eficacia de aquellas intervenciones está más que probada. Suecia, por ejemplo, adquirió uno de los niveles de pobreza más bajos de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), como también lo consiguió Dinamarca siguiendo tales políticas.

No niego que, una vez el Estado del bienestar esté bien desarrollado, el concepto de salario ciudadano pueda resultar una propuesta atractiva, al distribuir la plusvalía social según aumente la riqueza del país. Pero establecer un salario ciudadano cuando nuestro Estado del bienestar está tan poco desarrollado es comenzar la casa por el tejado.

Hay que garantizar que todo ciudadano y residente pueda tener los recursos necesarios para vivir una vida digna y ello implica que el estado debe garantizar que los ciudadanos y residentes puedan alcanzar tal nivel de renta, bien a través del trabajo, bien a través de otras fuentes, incluidas las transferencias públicas, a la cual tenga derecho por sus circunstancias. Y esta renta debería ser superior a la que se cita frecuentemente como renta básica, que es más parecida en España a una prestación asistencial antipobreza que no como derecho universal.

Quisiera terminar estas notas indicando que, en España, en el País Vasco y en Madrid, entre otras partes del país, se han desarrollado programas bajo este nombre, de renta básica, que en realidad no corresponden a lo que se ha llamado tradicionalmente programas de renta básica. Son, en realidad, propuestas que ofrecen un mínimo de renta que permita prevenir la pobreza absoluta, programas que me parecen necesarios y que apoyo. Pero, por favor, que no se confundan los términos. En realidad, estos programas, a fin de tener la aprobación popular, parten de un umbral de pobreza tan bajo que solo consiguen prevenir la pobreza absoluta, lo cual ya en sí es un paso adelante, pero dramáticamente insuficiente para resolver el problema de la pobreza. Este requiere un mayor gasto en pensiones y servicios públicos (en el caso de la pobreza entre ancianos) y facilitar la integración de los jóvenes y sobre todo de la muyer en el mercado de trabajo mediante programas de formación y provisión de servicios públicos tales como los servicios de ayuda a la familia, medidas más ambiciosas y más eficaces que las ayudas en forma de transferencias para los pobres, que tienen un impacto menor en la eliminación de la pobreza.

Las políticas asistenciales antipobreza siempre han sido mucho menos eficaces que las universales en eliminar la pobreza, siempre y cuando los programas universales (que garanticen la eliminación de la pobreza) consistan en aportaciones sustanciales a colectivos vulnerables de caer en la pobreza. Es esta interpretación de la política de renta básica que, además de ser popular, es factible y eficaz. Un ejemplo de ello es la Seguridad Social, un programa universal (a todas las personas que pertenezcan a una categoría, por ejemplo ancianos, en el caso de las pensiones de vejez) que ha sido enormemente popular y eficaz. Sin las pensiones públicas, el 62% de la población anciana sería pobre, siendo el programa antipobreza más importante de España. Este es el modelo que debería seguirse.

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Saludos.