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Madmaxista
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La Audiencia obliga a pagar 90.000 euros a los tres implicados en el 'crimen de 'Otxarkoaga'
Un total de 90.000 euros para indemnizar a los tres menores de edad –de 14 y 16 años– implicados en el crimen de Lucía y Rafael, dos ancianos asesinados a golpes y de una puñalada en el corazón en su domicilio de Otxarkoaga en enero de 2018 durante un robo. Es el resumen de la sentencia dictada el pasado 6 de marzo contra EL CORREO por la Audiencia de Bizkaia a petición de la Fiscalía. La resolución, que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, choca con una decisión en primera instancia, que había desestimado la demanda. Ese primer juez entendía que la noticia en cuestión, publicada el 9 de agosto de 2018, casi siete meses después del homicidio, se había ajustado a la legalidad, tenía un «evidente interés» social y se había escrito «sin excesos».
La última sentencia, del pasado marzo, abre el debate sobre el intento de control de los medios y la libertad de información en Euskadi. La fiscal trató de averiguar cómo este periódico había conseguido la información –tras un interrogatorio a la periodista decidió no seguir adelante– y, al mismo tiempo, activó una iniciativa judicial por vulneración del derecho a la intimidad de los acusados del 'crimen de Otxarkoaga'.
En la sentencia firmada ahora por tres juezas de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial –María Elisabeth Huerta Sánchez, Leonor Cuenca García y Magdalena García Larragán– se justifica la elevada sanción impuesta a este diario –30.000 euros para cada uno de los tres jóvenes, todos condenados, dos de ellos por homicidio a seis años de internamiento– porque se vulneró «el derecho a la intimidad de los menores» por revelar que alguno de ellos tenía un «entorno familiar desestructurado y marginal», que allegados habían pasado por la guandoca y que los jóvenes tenían antecedentes por «elevado consumo de tóxicos», según recoge este fallo que ya es de dominio público. Pese a la acusación, ha quedado acreditado durante todo el proceso que la información publicada por este periódico era «veraz», no contenía ningún dato erróneo y en ningún momento se dieron a conocer los nombres o iniciales de los implicados en un caso que conmocionó al país.
Datos sensibles
No se tiene constancia de que la Fiscalía, que en Euskadi dirige Carmen Adán, haya iniciado proceso alguno contra otro medio de comunicación por este suceso, aunque algunas empresas de información llegaran a facilitar datos tan sensibles como la dirección de la vivienda de uno de ellos. Durante esos ocho meses y los siguientes hasta el juicio se difundieron cientos de piezas en prensa, radio y televisión. Los 90.000 euros solicitados superan los 69.000 que la Fiscalía pidió para resarcir a los familiares de Lucía y Rafael por su fin –el tribunal elevaría después esa cantidad a los 240.000–.
La información en cuestión fue publicada el 9 de agosto de 2018. A cuatro columnas y en la página 5, llevaba el siguiente título: 'El fiscal dice que los tres acusados del crimen de Otxarkoaga tienen «una amplia dinámica de calle»' y se ilustraba con una foto en la que uno de los detenidos aparecía de espaldas y con la cabeza tapada por la capucha de una sudadera. El texto recogía parte del escrito de calificación provisional de la Fiscalía antes de que se celebrase el juicio. Según la sentencia emitida por la Audiencia de Bizkaia, el documento del Ministerio Público incluía una descripción somera de la personalidad de los jóvenes. Son esos detalles –«entorno familiar desestructurado y marginal», insiste la resolución dictada a comienzos de este marzo– los que impulsaron todo el proceso en beneficio de los autores del crimen. Unos datos personales de estos jóvenes que fueron detallados en todos los medios de información sin mayores consecuencias. La iniciativa contra este periódico, el de mayor difusión del País Vasco, no la llevan las familias de los condenados, sino la Fiscalía, el órgano que representa el interés de toda la sociedad.
Declarar como imputada
La responsable del Ministerio Público abrió una doble vía contra este periódico y la redactora que firmaba la información. De un lado, citó a la periodista para tomarle declaración por un supuesto delito de revelación de secretos, por hacerse eco de expresiones literales del informe de los servicios sociales, que la propia fiscal de menores, Camino Fernández, había incluido en su escrito de calificación provisional. En aquel interrogatorio, la periodista se acogió a su derecho a no revelar sus fuentes y la fiscal optó por no judicializar el asunto. Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público, sí impulsó en los tribunales una denuncia por vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los menores que acabaron con las vidas del matrimonio de octogenarios.
En primera instancia, el juez Ignacio de la Mata dio la razón a este diario y rechazó la demanda en una sentencia fechada el 8 de marzo de 2019. El magistrado justificó su decisión por la «veracidad» de la información, por la «relevancia pública» e «interés general» de la noticia, porque la fotografía empleada no permitía reconocer al acusado y porque los datos que se recogían en el texto «no son sino conclusiones genéricas que no individualizan rasgo o elemento personal determinado reservado de los menores». Además, destaca el trabajo de la periodista al asegurar que se había escrito «sin exceso», con «protección de la identidad, sin carácter injurioso sino con objeto meramente informativo», y «sin que se justifique por ello afectación alguna de los derechos de los menores».
Un año después, la Sección Quinta de la Audiencia de Bizkaia mantiene un criterio distinto. En una sentencia de 25 folios asegura que los derechos de los menores deben prevalecer sobre el derecho a la información. Y aunque reconoce que las noticias de medios distintos a EL CORREO permitieron identificar a los acusados «por las declaraciones de compañeros de colegio o personas del mismo barrio», sostienen que los datos sobre el entorno de los jóvenes procesados suponen «una estigmatización de los menores que frustra la intervención educativa».
Para tratar de apuntalar este planteamiento, el tribunal enumera sentencias del Constitucional sobre los derechos de los menores. Ninguna habla de jóvenes que hayan cometido un crimen. Y se extiende en la argumentación de que no se puede utilizar una fotografía cogida de las redes sociales sin consentimiento de su propietario, pese a que la imagen con la que se ilustraba aquella información había sido tomada por un fotoperiodista de este diario.
Un asesinato que estremeció a todo el país
Quienes se encargan de la seguridad en Euskadi no recuerdan un mes tan duro como el que tras*currió entre el 22 de diciembre de 2017 y el 18 de enero de 2018. En cuatro semanas se sucedieron una agresión en el metro que provocó la pérdida de un ojo a un joven, la fin de un hombre en el centro de Bilbao en un intento de robo tras una cena previa a Navidad, el asesinato de los dos ancianos de Otxarkoaga en su propio domicilio y la violación de una joven en un trastero de Barakaldo. Todos esos ataques fueron protagonizados por menores, lo que desató una enorme tensión y preocupación en todo el territorio.
El último suceso en esa macabra sucesión de episodios fue el que afectó a Lucía y Rafael, los dos octogenarios que fueron asaltados en su vivienda de Otxarkoaga. Ocurrió el 18 de enero de 2018. Dos muchachos de 14 años habían accedido al domicilio tras trepar por una tubería hasta la ventana del segundo piso. Buscaban dinero, tal y como les había indicado un tercer menor implicado.
Según la sentencia que condenó a estos dos menores a seis años de internamiento, una vez dentro del piso se encontraron con el matrimonio. El hombre, de 87 años, murió a causa de los golpes en la cabeza propinados con un objeto contundente y la mujer de una puñalada en el corazón. Los dos chicos asumieron los hechos en el juicio. El tercer implicado, que tenía 16 años en el momento del homicidio, fue absuelto del crimen, pero condenado a un año de reclusión como «cooperador necesario» en el robo con fuerza. Les había dicho a los otros dos que en aquel piso había dinero.
Con anterioridad al homicidio de Lucía y Rafael, otro de los sucesos que había conmocionado a la sociedad vizcaína ocurrió la jornada anterior a Nochebuena. Dos jóvenes, uno de 16 años y otro de 13 –lo que le hizo inimputable– acabaron con la vida de Ibon Urrengoetxea 'Urren', exjugador de fútbol del Amorebieta de 43 años.
El crimen se produjo sobre las 4.20 horas en la calle Navarra, esquina con Ripa, en el centro de Bilbao. 'Urren' regresaba a su casa tras haber estado con unos compañeros en una celebración navideña. Según explicó uno de los responsables de la investigación en rueda de prensa en la comisaría de la Ertzaintza en Erandio, los dos menores «buscaban una víctima propicia» para robarle e iniciaron una conversación con el exfutbolista, aunque al final no llegaron a robarle «por falta de tiempo». «Ibon estaba distraído con el móvil. Hubo un pequeño forcejeo y el más alto (el acusado que fue condenado a seis años de internamiento) le dio una patada (hacia la cabeza) que hizo que cayera e impactara contra el suelo. Fue ese el golpe que le provocó la fin».
Estado de alarma
Apenas 21 horas antes, en las horas posteriores a la celebración de Santo Tomás en la capital vizcaína, el intento de robo de un móvil por parte de otros menores había provocado que un joven de 23 años, de Portugalete, perdiera la visión de un ojo por los golpes que recibió en la cabeza al intentar impedir la sustracción del teléfono de un amigo.
A todos estos sucesos hay que sumar la denuncia por parte de una menor que aseguró haber sufrido una agresión sensual el 30 de diciembre. Ocurrió en Barakaldo, en la zona Urban, a las dos de la madrugada. La joven relató a la Ertzaintza que cuatro jóvenes habían abusado de ella en un trastero. Todo ello había provocado un estado de alarma entre la población que no entendía cómo era posible que tantos menores provocaran asesinatos y ataques como los relatados.
Un total de 90.000 euros para indemnizar a los tres menores de edad –de 14 y 16 años– implicados en el crimen de Lucía y Rafael, dos ancianos asesinados a golpes y de una puñalada en el corazón en su domicilio de Otxarkoaga en enero de 2018 durante un robo. Es el resumen de la sentencia dictada el pasado 6 de marzo contra EL CORREO por la Audiencia de Bizkaia a petición de la Fiscalía. La resolución, que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, choca con una decisión en primera instancia, que había desestimado la demanda. Ese primer juez entendía que la noticia en cuestión, publicada el 9 de agosto de 2018, casi siete meses después del homicidio, se había ajustado a la legalidad, tenía un «evidente interés» social y se había escrito «sin excesos».
La última sentencia, del pasado marzo, abre el debate sobre el intento de control de los medios y la libertad de información en Euskadi. La fiscal trató de averiguar cómo este periódico había conseguido la información –tras un interrogatorio a la periodista decidió no seguir adelante– y, al mismo tiempo, activó una iniciativa judicial por vulneración del derecho a la intimidad de los acusados del 'crimen de Otxarkoaga'.
En la sentencia firmada ahora por tres juezas de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial –María Elisabeth Huerta Sánchez, Leonor Cuenca García y Magdalena García Larragán– se justifica la elevada sanción impuesta a este diario –30.000 euros para cada uno de los tres jóvenes, todos condenados, dos de ellos por homicidio a seis años de internamiento– porque se vulneró «el derecho a la intimidad de los menores» por revelar que alguno de ellos tenía un «entorno familiar desestructurado y marginal», que allegados habían pasado por la guandoca y que los jóvenes tenían antecedentes por «elevado consumo de tóxicos», según recoge este fallo que ya es de dominio público. Pese a la acusación, ha quedado acreditado durante todo el proceso que la información publicada por este periódico era «veraz», no contenía ningún dato erróneo y en ningún momento se dieron a conocer los nombres o iniciales de los implicados en un caso que conmocionó al país.
Datos sensibles
No se tiene constancia de que la Fiscalía, que en Euskadi dirige Carmen Adán, haya iniciado proceso alguno contra otro medio de comunicación por este suceso, aunque algunas empresas de información llegaran a facilitar datos tan sensibles como la dirección de la vivienda de uno de ellos. Durante esos ocho meses y los siguientes hasta el juicio se difundieron cientos de piezas en prensa, radio y televisión. Los 90.000 euros solicitados superan los 69.000 que la Fiscalía pidió para resarcir a los familiares de Lucía y Rafael por su fin –el tribunal elevaría después esa cantidad a los 240.000–.
La información en cuestión fue publicada el 9 de agosto de 2018. A cuatro columnas y en la página 5, llevaba el siguiente título: 'El fiscal dice que los tres acusados del crimen de Otxarkoaga tienen «una amplia dinámica de calle»' y se ilustraba con una foto en la que uno de los detenidos aparecía de espaldas y con la cabeza tapada por la capucha de una sudadera. El texto recogía parte del escrito de calificación provisional de la Fiscalía antes de que se celebrase el juicio. Según la sentencia emitida por la Audiencia de Bizkaia, el documento del Ministerio Público incluía una descripción somera de la personalidad de los jóvenes. Son esos detalles –«entorno familiar desestructurado y marginal», insiste la resolución dictada a comienzos de este marzo– los que impulsaron todo el proceso en beneficio de los autores del crimen. Unos datos personales de estos jóvenes que fueron detallados en todos los medios de información sin mayores consecuencias. La iniciativa contra este periódico, el de mayor difusión del País Vasco, no la llevan las familias de los condenados, sino la Fiscalía, el órgano que representa el interés de toda la sociedad.
Declarar como imputada
La responsable del Ministerio Público abrió una doble vía contra este periódico y la redactora que firmaba la información. De un lado, citó a la periodista para tomarle declaración por un supuesto delito de revelación de secretos, por hacerse eco de expresiones literales del informe de los servicios sociales, que la propia fiscal de menores, Camino Fernández, había incluido en su escrito de calificación provisional. En aquel interrogatorio, la periodista se acogió a su derecho a no revelar sus fuentes y la fiscal optó por no judicializar el asunto. Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público, sí impulsó en los tribunales una denuncia por vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los menores que acabaron con las vidas del matrimonio de octogenarios.
En primera instancia, el juez Ignacio de la Mata dio la razón a este diario y rechazó la demanda en una sentencia fechada el 8 de marzo de 2019. El magistrado justificó su decisión por la «veracidad» de la información, por la «relevancia pública» e «interés general» de la noticia, porque la fotografía empleada no permitía reconocer al acusado y porque los datos que se recogían en el texto «no son sino conclusiones genéricas que no individualizan rasgo o elemento personal determinado reservado de los menores». Además, destaca el trabajo de la periodista al asegurar que se había escrito «sin exceso», con «protección de la identidad, sin carácter injurioso sino con objeto meramente informativo», y «sin que se justifique por ello afectación alguna de los derechos de los menores».
Un año después, la Sección Quinta de la Audiencia de Bizkaia mantiene un criterio distinto. En una sentencia de 25 folios asegura que los derechos de los menores deben prevalecer sobre el derecho a la información. Y aunque reconoce que las noticias de medios distintos a EL CORREO permitieron identificar a los acusados «por las declaraciones de compañeros de colegio o personas del mismo barrio», sostienen que los datos sobre el entorno de los jóvenes procesados suponen «una estigmatización de los menores que frustra la intervención educativa».
Para tratar de apuntalar este planteamiento, el tribunal enumera sentencias del Constitucional sobre los derechos de los menores. Ninguna habla de jóvenes que hayan cometido un crimen. Y se extiende en la argumentación de que no se puede utilizar una fotografía cogida de las redes sociales sin consentimiento de su propietario, pese a que la imagen con la que se ilustraba aquella información había sido tomada por un fotoperiodista de este diario.
Un asesinato que estremeció a todo el país
Quienes se encargan de la seguridad en Euskadi no recuerdan un mes tan duro como el que tras*currió entre el 22 de diciembre de 2017 y el 18 de enero de 2018. En cuatro semanas se sucedieron una agresión en el metro que provocó la pérdida de un ojo a un joven, la fin de un hombre en el centro de Bilbao en un intento de robo tras una cena previa a Navidad, el asesinato de los dos ancianos de Otxarkoaga en su propio domicilio y la violación de una joven en un trastero de Barakaldo. Todos esos ataques fueron protagonizados por menores, lo que desató una enorme tensión y preocupación en todo el territorio.
El último suceso en esa macabra sucesión de episodios fue el que afectó a Lucía y Rafael, los dos octogenarios que fueron asaltados en su vivienda de Otxarkoaga. Ocurrió el 18 de enero de 2018. Dos muchachos de 14 años habían accedido al domicilio tras trepar por una tubería hasta la ventana del segundo piso. Buscaban dinero, tal y como les había indicado un tercer menor implicado.
Según la sentencia que condenó a estos dos menores a seis años de internamiento, una vez dentro del piso se encontraron con el matrimonio. El hombre, de 87 años, murió a causa de los golpes en la cabeza propinados con un objeto contundente y la mujer de una puñalada en el corazón. Los dos chicos asumieron los hechos en el juicio. El tercer implicado, que tenía 16 años en el momento del homicidio, fue absuelto del crimen, pero condenado a un año de reclusión como «cooperador necesario» en el robo con fuerza. Les había dicho a los otros dos que en aquel piso había dinero.
Con anterioridad al homicidio de Lucía y Rafael, otro de los sucesos que había conmocionado a la sociedad vizcaína ocurrió la jornada anterior a Nochebuena. Dos jóvenes, uno de 16 años y otro de 13 –lo que le hizo inimputable– acabaron con la vida de Ibon Urrengoetxea 'Urren', exjugador de fútbol del Amorebieta de 43 años.
El crimen se produjo sobre las 4.20 horas en la calle Navarra, esquina con Ripa, en el centro de Bilbao. 'Urren' regresaba a su casa tras haber estado con unos compañeros en una celebración navideña. Según explicó uno de los responsables de la investigación en rueda de prensa en la comisaría de la Ertzaintza en Erandio, los dos menores «buscaban una víctima propicia» para robarle e iniciaron una conversación con el exfutbolista, aunque al final no llegaron a robarle «por falta de tiempo». «Ibon estaba distraído con el móvil. Hubo un pequeño forcejeo y el más alto (el acusado que fue condenado a seis años de internamiento) le dio una patada (hacia la cabeza) que hizo que cayera e impactara contra el suelo. Fue ese el golpe que le provocó la fin».
Estado de alarma
Apenas 21 horas antes, en las horas posteriores a la celebración de Santo Tomás en la capital vizcaína, el intento de robo de un móvil por parte de otros menores había provocado que un joven de 23 años, de Portugalete, perdiera la visión de un ojo por los golpes que recibió en la cabeza al intentar impedir la sustracción del teléfono de un amigo.
A todos estos sucesos hay que sumar la denuncia por parte de una menor que aseguró haber sufrido una agresión sensual el 30 de diciembre. Ocurrió en Barakaldo, en la zona Urban, a las dos de la madrugada. La joven relató a la Ertzaintza que cuatro jóvenes habían abusado de ella en un trastero. Todo ello había provocado un estado de alarma entre la población que no entendía cómo era posible que tantos menores provocaran asesinatos y ataques como los relatados.
