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Madmaxista
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Un total de 80 familias de Cercedilla tienen que abandonar los exclusivos chalés de la sierra en los que viven desde hace 50, 60 y hasta 80 años. El motivo es que ha caducado la concesión centenaria de 85,5 hectáreas de monte público de la ilustre colonia de Camorritos donde edificaron viviendas, muchas de ellas de gran valor arquitectónico.
La Comunidad de Madrid, que actúa como gestora del monte público de titularidad municipal, es la que ha comunicado a los vecinos que su concesión ha expirado y fuentes del Gobierno regional señalan a EL MUNDO que los vecinos no son titulares de las casas, «sólo tienen una concesión porque nadie tiene una escritura de propiedad». Pero, no obstante, dicen que se están estudiando las alegaciones que pueden plantear hasta el mes de marzo los vecinos.
Aunque el Gobierno regional sea quien gestione estos terrenos los propietarios son los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada. De ahí que, tras caducar la concesión, los terrenos deban de volver a ser de titularidad municipal por lo que ambos consistorios podrán convocar una nueva concesión pero nunca prorrogar o renovar las actuales.
Los inquilinos anuncian una larga batalla legal en este laberinto jurídico porque mantienen que en el Registro de la Propiedad consta que es una ocupación ilimitada en el tiempo, argumento que esgrimen para pleitear y evitar el desalojo. A ello agregan que han cumplido con todos los requisitos establecidos por las administraciones y que han convertido un espacio degradado en un bosque habitado.
Pero para conocer el inicio de esta historia hay que remontarse cien años atrás. En 1920 se cedieron por un siglo varias parcelas a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama para construir un tren de vía estrecha que uniría Cercedilla con Navacerrada y Cotos y para levantar complejos sanitarios para enfermos de tuberculosis, ya que los aires puros de los pinares serranos podrían ayudar a mejorar la situación de estas personas.
Con la compraventa de las parcelas, la sociedad pudo pagar la construcción del ferrocarril. Una compra de terrenos que estaba sujeta al periodo de 100 años de ocupación.
En Camorritos se edificaron chalés saludables por parte de la conspicua alcurnia madrileña del siglo XX como la familia Koplowitz. Algunas de esas edificaciones son de notable valor y deberían figurar en el catálogo de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid, según la Asociación de Titulares de la Colonia Camorritos.
Varios chalés llevan la firma de arquitectos ilustres como Zavala Lafora, Rivas Eulate, Durán de Cottes o Gutiérrez Soto, autor del Aeropuerto de Barajas o del Ministerio del Aire en Moncloa. Asimismo, Fernando Higueras aportó a la colonia otro proyecto destacado: la vivienda que luego habitaría y tras*formaría el artista y escultor César Manrique para integrar hormigón, granito, agua y arbolado.
Las ideas que inspiraron la colonia de Camorritos hunden sus raíces en la Institución Libre de Enseñanza y, de hecho, algunos promotores -Manuel Rodríguez Arzuaga o Gabriel Gancedo Rodríguez- estuvieron ligados a ella, disfrutando como alumnos de las excursiones pedagógicas al Guadarrama.
«La Comunidad de Madrid ha declarado la caducidad de la ocupación en base a dos reales órdenes de 1920 y 1921. Nosotros creemos que ni en las reales órdenes ni en la legislación que permitió hacer esa ocupación está establecido que fueran 99 años. Y, en cualquier caso, esos 99 años se establecen en una ley de 1964 y, por tanto, nunca se nos debería aplicar con carácter retroactivo esa ley. Como mínimo nos quedaría hasta 2063 de tiempo de ocupación. Las leyes no se aplican nunca con carácter retroactivo», matiza Santiago Fernández, portavoz de la Asociación de afectados de Camorritos defendiendo que esta ocupación no tendría periodo de finalización porque su cesión sería por tiempo ilimitado.
El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Mariano González, indica que «es un asunto complejo» por lo que se muestran «sensibles» con el caso. Desde el Gobierno regional, en pleno estudio de las alegaciones de los vecinos, trabajan para «buscar la mejor solución ajustada a derecho sobre el expediente de caducidad de la concesión, que es sobre la parte administrativa que el Gobierno regional tiene competencias, y que los servicios jurídicos consideran que no admite prórroga».
Sin embargo, el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el partido independiente Juntos por Cercedilla, responde que pasado el plazo las edificaciones son propiedad municipal y que «el otorgamiento de nuevas concesiones sobre los inmuebles de Camorritos es, a día de hoy, la opción más factible desde el punto de vista legal». «La solución no pasa por manos del Ayuntamiento o la Comunidad, pasa por el ordenamiento jurídico existente. El reglamento de bienes de las entidades públicas prohíbe a los ayuntamientos negociar sobre la propiedad de sus bienes. No obstante el periodo de presentación de alegaciones al expediente de caducidad está abierto, por lo que corresponde esperar a que sea declarada definitiva la caducidad de la concesión», advierte el Consistorio.
Los vecinos claman para que la Comunidad y el Ayuntamiento dialoguen. «La Comunidad está teniendo prudencia y nos trata como ciudadanos muchos de los cuales están empadronados en Cercedilla. El Ayuntamiento de Cercedilla debería de tratarnos con respeto y consideración por más que considere que puede sacar dinero por ello».
De las 80 familias afectadas un total de 14 tienen su residencia única en Camorritos. «Los vecinos sabíamos que era una situación singular», subrayan los afectados. «En su momento hubo un contrato de compraventa de las parcelas donde en la notas simples de las escrituras se puede ver que está sujeta a las condiciones de la ocupación de la Sociedad del Ferrocarril de Guadarrama, que es lo que estamos ahora discutiendo con la Comunidad de Madrid», añaden. «La singularidad de las casas y su valor patrimonial es otro hecho que debería hacer reflexionar a la Comunidad y al Ayuntamiento para no manejar el caso con esa agresividad y violencia verbal del alcalde de Cercedilla. Este no es un problema de los vecinos de Camorritos, es un problema de todos los implicados y sólo se solucionará con un acuerdo entre todas las partes», afirma Santiago Fernández.
350 AFECTADOS EN NAVACERRADA
La misma situación de la colonia Camorritos afecta a unos 350 pisos del Puerto de Navacerrada que en los 70 se levantaron en terrenos públicos. Son ocho bloques de apartamentos en la falda de la montaña, un lugar elegido por las clases altas para practicar el esquí cuando empezaba a ponerse de moda, momento en que muchas personas compraron los apartamentos sin saber que había una concesión del terreno para la ocupación de 100 años.
En Navacerrada hay afectados como Fernando, que hace 20 años adquirió un apartamento por cinco millones de pesetas (30.000 euros) e invirtió otra cantidad similar en su reforma. «Nos hemos ocupado de las casas, las hemos mantenido y ahora no nos dan la opción de negociar ni de plantear una solución con los Ayuntamientos», señala. «Hay un libro del Ministerio de Agricultura que dice que se trataba de una venta encubierta de los terrenos por parte del Ayuntamiento y, por tanto, seríamos propietarios de pleno derecho», señala este vecino, que recuerda que han estado pagando sus impuestos durante años y que varias personas siguen abonando sus hipotecas.
Desahucio en la colonia de lujo de la sierra
La Comunidad de Madrid, que actúa como gestora del monte público de titularidad municipal, es la que ha comunicado a los vecinos que su concesión ha expirado y fuentes del Gobierno regional señalan a EL MUNDO que los vecinos no son titulares de las casas, «sólo tienen una concesión porque nadie tiene una escritura de propiedad». Pero, no obstante, dicen que se están estudiando las alegaciones que pueden plantear hasta el mes de marzo los vecinos.
Aunque el Gobierno regional sea quien gestione estos terrenos los propietarios son los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada. De ahí que, tras caducar la concesión, los terrenos deban de volver a ser de titularidad municipal por lo que ambos consistorios podrán convocar una nueva concesión pero nunca prorrogar o renovar las actuales.
Los inquilinos anuncian una larga batalla legal en este laberinto jurídico porque mantienen que en el Registro de la Propiedad consta que es una ocupación ilimitada en el tiempo, argumento que esgrimen para pleitear y evitar el desalojo. A ello agregan que han cumplido con todos los requisitos establecidos por las administraciones y que han convertido un espacio degradado en un bosque habitado.
Pero para conocer el inicio de esta historia hay que remontarse cien años atrás. En 1920 se cedieron por un siglo varias parcelas a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama para construir un tren de vía estrecha que uniría Cercedilla con Navacerrada y Cotos y para levantar complejos sanitarios para enfermos de tuberculosis, ya que los aires puros de los pinares serranos podrían ayudar a mejorar la situación de estas personas.
Con la compraventa de las parcelas, la sociedad pudo pagar la construcción del ferrocarril. Una compra de terrenos que estaba sujeta al periodo de 100 años de ocupación.
En Camorritos se edificaron chalés saludables por parte de la conspicua alcurnia madrileña del siglo XX como la familia Koplowitz. Algunas de esas edificaciones son de notable valor y deberían figurar en el catálogo de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid, según la Asociación de Titulares de la Colonia Camorritos.
Varios chalés llevan la firma de arquitectos ilustres como Zavala Lafora, Rivas Eulate, Durán de Cottes o Gutiérrez Soto, autor del Aeropuerto de Barajas o del Ministerio del Aire en Moncloa. Asimismo, Fernando Higueras aportó a la colonia otro proyecto destacado: la vivienda que luego habitaría y tras*formaría el artista y escultor César Manrique para integrar hormigón, granito, agua y arbolado.
Las ideas que inspiraron la colonia de Camorritos hunden sus raíces en la Institución Libre de Enseñanza y, de hecho, algunos promotores -Manuel Rodríguez Arzuaga o Gabriel Gancedo Rodríguez- estuvieron ligados a ella, disfrutando como alumnos de las excursiones pedagógicas al Guadarrama.
«La Comunidad de Madrid ha declarado la caducidad de la ocupación en base a dos reales órdenes de 1920 y 1921. Nosotros creemos que ni en las reales órdenes ni en la legislación que permitió hacer esa ocupación está establecido que fueran 99 años. Y, en cualquier caso, esos 99 años se establecen en una ley de 1964 y, por tanto, nunca se nos debería aplicar con carácter retroactivo esa ley. Como mínimo nos quedaría hasta 2063 de tiempo de ocupación. Las leyes no se aplican nunca con carácter retroactivo», matiza Santiago Fernández, portavoz de la Asociación de afectados de Camorritos defendiendo que esta ocupación no tendría periodo de finalización porque su cesión sería por tiempo ilimitado.
El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Mariano González, indica que «es un asunto complejo» por lo que se muestran «sensibles» con el caso. Desde el Gobierno regional, en pleno estudio de las alegaciones de los vecinos, trabajan para «buscar la mejor solución ajustada a derecho sobre el expediente de caducidad de la concesión, que es sobre la parte administrativa que el Gobierno regional tiene competencias, y que los servicios jurídicos consideran que no admite prórroga».
Sin embargo, el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el partido independiente Juntos por Cercedilla, responde que pasado el plazo las edificaciones son propiedad municipal y que «el otorgamiento de nuevas concesiones sobre los inmuebles de Camorritos es, a día de hoy, la opción más factible desde el punto de vista legal». «La solución no pasa por manos del Ayuntamiento o la Comunidad, pasa por el ordenamiento jurídico existente. El reglamento de bienes de las entidades públicas prohíbe a los ayuntamientos negociar sobre la propiedad de sus bienes. No obstante el periodo de presentación de alegaciones al expediente de caducidad está abierto, por lo que corresponde esperar a que sea declarada definitiva la caducidad de la concesión», advierte el Consistorio.
Los vecinos claman para que la Comunidad y el Ayuntamiento dialoguen. «La Comunidad está teniendo prudencia y nos trata como ciudadanos muchos de los cuales están empadronados en Cercedilla. El Ayuntamiento de Cercedilla debería de tratarnos con respeto y consideración por más que considere que puede sacar dinero por ello».
De las 80 familias afectadas un total de 14 tienen su residencia única en Camorritos. «Los vecinos sabíamos que era una situación singular», subrayan los afectados. «En su momento hubo un contrato de compraventa de las parcelas donde en la notas simples de las escrituras se puede ver que está sujeta a las condiciones de la ocupación de la Sociedad del Ferrocarril de Guadarrama, que es lo que estamos ahora discutiendo con la Comunidad de Madrid», añaden. «La singularidad de las casas y su valor patrimonial es otro hecho que debería hacer reflexionar a la Comunidad y al Ayuntamiento para no manejar el caso con esa agresividad y violencia verbal del alcalde de Cercedilla. Este no es un problema de los vecinos de Camorritos, es un problema de todos los implicados y sólo se solucionará con un acuerdo entre todas las partes», afirma Santiago Fernández.
350 AFECTADOS EN NAVACERRADA
La misma situación de la colonia Camorritos afecta a unos 350 pisos del Puerto de Navacerrada que en los 70 se levantaron en terrenos públicos. Son ocho bloques de apartamentos en la falda de la montaña, un lugar elegido por las clases altas para practicar el esquí cuando empezaba a ponerse de moda, momento en que muchas personas compraron los apartamentos sin saber que había una concesión del terreno para la ocupación de 100 años.
En Navacerrada hay afectados como Fernando, que hace 20 años adquirió un apartamento por cinco millones de pesetas (30.000 euros) e invirtió otra cantidad similar en su reforma. «Nos hemos ocupado de las casas, las hemos mantenido y ahora no nos dan la opción de negociar ni de plantear una solución con los Ayuntamientos», señala. «Hay un libro del Ministerio de Agricultura que dice que se trataba de una venta encubierta de los terrenos por parte del Ayuntamiento y, por tanto, seríamos propietarios de pleno derecho», señala este vecino, que recuerda que han estado pagando sus impuestos durante años y que varias personas siguen abonando sus hipotecas.
Desahucio en la colonia de lujo de la sierra
