PRESOS DE ETABildu ya negocia con Sánchez modificar la ley que exige que los etarras pidan perdón a sus víctimas
Buscan reformular la Ley 7/2003, la que utiliza la Audiencia Nacional para tumbar libertades a etarras
Bildu, socio de Sánchez, ataca a la Justicia por revocar el tercer grado de Urkullu a un etarra
La Audiencia se harta: revela que «nunca» un etarra beneficiado por Sánchez ha cooperado con la Justicia
Arnaldo Otegi.
Bildu y las redes de presos de ETA tienen un grave problema en su camino a la excarcelación de todos los terroristas que aún cumplen condena: la Ley Orgánica 7/2003, que establece las medidas de excepción penitenciaria para presos de la banda. La que utiliza la Audiencia Nacional para las revocaciones del tercer grado y régimen de semilibertad concedidos por el Ejecutivo vasco. Bildu ha iniciado con el Gobierno conversaciones discretas de cara a modificar esta ley, flexibilizándola para que la justicia no pueda frenar las excarcelaciones en base a la falta de petición expresa de perdón a las víctimas o a la colaboración -inexistente- con la justicia para resolver atentados sin autoría conocida. Un proceso a cuatro años vista.
Nunca antes hubo menos presos de ETA en las cárceles. Ni nunca tuvieron tan cerca la calle como ahora, gracias al modelo de reinserción por «arraigo» que aplica el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y que premia la pertenencia a la «comunidad» vasca del preso frente a otras cuestiones. La petición expresa de perdón a las víctimas o la colaboración con la justicia han pasado a ocupar lugares intrascendentes en el cómputo de condena de los terroristas. Pero aún siguen vigentes para la Audiencia Nacional, que sigue devolviendo a prisión a los etarras que pone en libertad el País Vasco. Ya van 8 y se estudian otros 10 casos.
El problema, admiten sin ambages en el entorno proetarra, es la ley. Concretamente, la Ley de «medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas». La 7/2003 que incluye en su articulado un mecanismo legal para evitar que los presos de ETA salgan a la calle anticipadamente sin cumplir una serie de requisitos: satisfacer la responsabilidad civil por sus atentados -pago de multas e indemnizaciones-, pedir perdón expresamente a las víctimas y ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometieron atentados y no pagaron por ello.
Así lo admitía el fiscal coordinador de delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, en una reciente conferencia en Vitoria de la que se hizo eco OKDIARIO: «Tengo que decir, como dice un compañero mío encargado de los crímenes sin resolver, que de colaboración con las autoridades para desentrañar crímenes sin resolver… de eso no hay nada. Voy a hacer ahora en diciembre 17 años en la Audiencia Nacional y no lo he visto nunca».
«Anacrónica»
Bildu, admiten fuentes próximas a la formación, sabe que, con la legislación actual en la mano, los presos de ETA que quieran salir tras haber cumplido la mitad de su condena lo tienen muy difícil. Por no decir imposible. Por ello, ya se ha abierto «una conversación con el Gobierno sobre la posibilidad de modificar la ley de excepción penitenciaria, que es anacrónica, para adaptarla a la situación actual», aseguran desde el entorno de Bildu. La formación que dirige Arnaldo Otegi ha trasladado al Ejecutivo socialista su queja por la aplicación de «una ley de hace dos décadas que se diseñó cuando ETA estaba activa y que, hoy por hoy, no tiene sentido», argumentan.
Pero cambiarla, pese a que Bildu tiene línea preferencial con el PSOE, no será «ni fácil ni rápido». Al tratarse de una Ley Orgánica, su modificación implica pasar por el Congreso de los Diputados y obtener respaldo de mayoría simple. El plan de reformular la 7/2003, por tanto, queda fuera de esta legislatura, pero será asunto pendiente para la próxima con el compromiso del PSOE. Los ecos de esta negociación también han llegado a oídos de las asociaciones de víctimas.
Lo más llamativo del asunto es que incluso Arnaldo Otegi hizo referencia a ello el día que desveló sus cartas en referencia al futuro de los presos de ETA. Fue el 20 de octubre de 2021, el día en que Otegi se presentó en el Palacio de Ayete para mostrar su pesar por el daño provocado por ETA. Horas después, Otegi había cambiado de auditorio y, ante su gente y sin saber que había prensa entre los presentes, admitió su hoja de ruta: «Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos».
Pero en aquellas declaraciones de Otegi se dieron más pistas del camino a seguir, que pasaba por «obligar al Gobierno a cambiar las leyes». Un proceso que denominó «la progenitora de todas las batallas». Y estableció un plazo: «Puede ocurrir en seis años». Es decir, en una hipotética nueva legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.
Insistió Otegi: «La única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir», apuntó.
Colaborar
Es precisamente esa Ley 7/2003, de «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», la que centra los esfuerzos de Bildu y la que representa el último obstáculo infranqueable para los terroristas presos. La única herramienta que les queda a la Fiscalía y la Audiencia Nacional para evitar el coladero en el que se ha convertido la política penitenciaria vasca, en el que el arrepentimiento se escenifica en cartas con párrafos copiados y la reinserción en informes terapéuticos que los jueces consideran prácticamente «de parte».
La clave del asunto está en el artículo 90 de esa Ley que ahora Bildu busca reformular. «Se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», explica la actual redacción.
Además, también se especifica que para que el preso etarra pueda acceder al tercer grado se requiere «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito».
El planteamiento de Bildu sobre esta ley «anacrónica», como la definen en el entorno proetarra, pasa por incluir en el texto una distinción entre grupos terroristas «en activo y extinguidos». Es decir, que no se aplique la política de excepción a aquellos terroristas de asociaciones criminales que se hayan disuelto.
Más pruebas de la vil alianza de Sánchez con Bildu que les helarán la sangre
Más pruebas categóricas de la sumisión del socialismo a los etarras de Bildu. Primera: el Gobierno navarro de la socialista María Chivite ha abierto el plazo de inscripción para que aquellos que lo soliciten puedan ser incluidos bajo la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una norma que inaugura su sistema de indemnizaciones este 2023, y que en la práctica equipara a una víctima navarra de ETA con aquellas que denuncien haber sido «víctimas» de alguna acción de la Guardia Civil u otro cuerpo policial o militar.
Segunda: dado que Bildu y las redes de presos de ETA tienen un grave inconveniente en su camino a la excarcelación de todos los terroristas que aún cumplen condena -ya que la Ley Orgánica 7/2003 que establece las medidas de excepción penitenciaria para presos de la banda exige que los etarras pidan perdón-, el Gobierno está dispuesto a regalarle a los herederos políticos de ETA una flexibilización de la norma para que la justicia no pueda frenar las excarcelaciones en base a la falta de petición expresa de perdón a las víctimas o a la colaboración con la justicia para resolver atentados sin autoría conocida.
Conclusión: Pedro Sánchez y los etarras de Bildu mantienen a pleno rendimiento una estrategia de retroalimentación -yo por ti, tú por mí- que, en esencia, constituye la más ignominiosa y ruin entrega de la dignidad del Estado a una pandilla de perversoss sucesores de los asesinos. El Gobierno de España cohabita de forma indecente con los herederos de ETA. Y como muestra, los dos ejemplos que hoy ofrece OKDIARIO. En los próximos días, habrá más ejemplos. Desgraciadamente hay para dar y tomar. Y es que esta legislatura pasará a la historia por ser la de la infamia. Nunca hasta ahora un Gobierno había unido su destino político al de los testaferros de una banda de asesinos.
PROTESTA PROETARRAEl PNV copia el discurso a Bildu: pide el fin de la «excepcionalidad penitenciaria de los presos de ETA»
El PNV no acudirá a la manifestación proetarra que se celebra este sábado en Bilbao
Los presos de ETA cambian de reivindicación tras culminar los acercamientos de Sánchez: «¡A casa!»
Otegi manipula una foto histórica para jactarse de haber acercado a los presos de ETA
Sare, una red de apoyo los presos de ETA, se manifiesta este sábado por la tarde en Bilbao a favor de los etarras y su liberación. La manifestación está apoyada por los socios de Pedro Sánchez de Bildu pero sus otros socios, el PNV, han decidido no acudir aunque han lanzado un mensaje al más puro estilo de los proetarras: «Hay que acabar con la excepcionalidad penitenciaria de los presos de ETA».
La parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha acudido sólo horas antes de la manifestación por los presos de ETA a una mesa redonda organizada en el Palacio Euskalduna por el colectivo proetarra bajo el título ‘Avanzando hacia la convivencia’. Antes de su intervención ha defendido ante los medios de comunicación que el PNV no acudirá a la protesta pero que eso no impide que reclamen «la derogación de la excepcionalidad penitenciaria que se aplica a los presos de ETA».
Esa excepcionalidad penitenciaria a la que hace referencia la nacionalista vasca es la norma que ha permitido la dispersión de los presos etarras para que no pudieran organizarse en las cárceles vascas y volvieran a atentar.
Berasaluze ha defendido el fin de la dispersión que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con los acercamientos de casi todos los presos a cárceles vascas y navarras por ser «muy positivos para la resocialización de los reclusos porque les ayudará también a que hagan una revisión critica de su pasado».
«Desde que el Gobierno Vasco cuenta con las competencias en materia penitenciaria no hay más que ver cuántos terceros grados se han concedido en los últimos meses aunque tras recursos de la Fiscalía se producen regresiones», ha añadido.
Por su parte, los otros socios de Sánchez, Bildu, han calentado la marcha proetarra mandando un mensaje al presidente del Gobierno: «El actual marco constitucional no da más de sí, hay que superar marcos caducos y abrir un nuevo ciclo democrático que reconozca a Euskal Herria como nación, sin más límite que la voluntad popular», ha defendido la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz.
Buscan reformular la Ley 7/2003, la que utiliza la Audiencia Nacional para tumbar libertades a etarras
Bildu, socio de Sánchez, ataca a la Justicia por revocar el tercer grado de Urkullu a un etarra
La Audiencia se harta: revela que «nunca» un etarra beneficiado por Sánchez ha cooperado con la Justicia
- PELAYO BARRO
- 07/01/2023 06:46
- ACTUALIZADO: 07/01/2023 06:46
Bildu y las redes de presos de ETA tienen un grave problema en su camino a la excarcelación de todos los terroristas que aún cumplen condena: la Ley Orgánica 7/2003, que establece las medidas de excepción penitenciaria para presos de la banda. La que utiliza la Audiencia Nacional para las revocaciones del tercer grado y régimen de semilibertad concedidos por el Ejecutivo vasco. Bildu ha iniciado con el Gobierno conversaciones discretas de cara a modificar esta ley, flexibilizándola para que la justicia no pueda frenar las excarcelaciones en base a la falta de petición expresa de perdón a las víctimas o a la colaboración -inexistente- con la justicia para resolver atentados sin autoría conocida. Un proceso a cuatro años vista.
Nunca antes hubo menos presos de ETA en las cárceles. Ni nunca tuvieron tan cerca la calle como ahora, gracias al modelo de reinserción por «arraigo» que aplica el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y que premia la pertenencia a la «comunidad» vasca del preso frente a otras cuestiones. La petición expresa de perdón a las víctimas o la colaboración con la justicia han pasado a ocupar lugares intrascendentes en el cómputo de condena de los terroristas. Pero aún siguen vigentes para la Audiencia Nacional, que sigue devolviendo a prisión a los etarras que pone en libertad el País Vasco. Ya van 8 y se estudian otros 10 casos.
El problema, admiten sin ambages en el entorno proetarra, es la ley. Concretamente, la Ley de «medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas». La 7/2003 que incluye en su articulado un mecanismo legal para evitar que los presos de ETA salgan a la calle anticipadamente sin cumplir una serie de requisitos: satisfacer la responsabilidad civil por sus atentados -pago de multas e indemnizaciones-, pedir perdón expresamente a las víctimas y ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometieron atentados y no pagaron por ello.
Así lo admitía el fiscal coordinador de delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, en una reciente conferencia en Vitoria de la que se hizo eco OKDIARIO: «Tengo que decir, como dice un compañero mío encargado de los crímenes sin resolver, que de colaboración con las autoridades para desentrañar crímenes sin resolver… de eso no hay nada. Voy a hacer ahora en diciembre 17 años en la Audiencia Nacional y no lo he visto nunca».
«Anacrónica»
Bildu, admiten fuentes próximas a la formación, sabe que, con la legislación actual en la mano, los presos de ETA que quieran salir tras haber cumplido la mitad de su condena lo tienen muy difícil. Por no decir imposible. Por ello, ya se ha abierto «una conversación con el Gobierno sobre la posibilidad de modificar la ley de excepción penitenciaria, que es anacrónica, para adaptarla a la situación actual», aseguran desde el entorno de Bildu. La formación que dirige Arnaldo Otegi ha trasladado al Ejecutivo socialista su queja por la aplicación de «una ley de hace dos décadas que se diseñó cuando ETA estaba activa y que, hoy por hoy, no tiene sentido», argumentan.
Pero cambiarla, pese a que Bildu tiene línea preferencial con el PSOE, no será «ni fácil ni rápido». Al tratarse de una Ley Orgánica, su modificación implica pasar por el Congreso de los Diputados y obtener respaldo de mayoría simple. El plan de reformular la 7/2003, por tanto, queda fuera de esta legislatura, pero será asunto pendiente para la próxima con el compromiso del PSOE. Los ecos de esta negociación también han llegado a oídos de las asociaciones de víctimas.
Lo más llamativo del asunto es que incluso Arnaldo Otegi hizo referencia a ello el día que desveló sus cartas en referencia al futuro de los presos de ETA. Fue el 20 de octubre de 2021, el día en que Otegi se presentó en el Palacio de Ayete para mostrar su pesar por el daño provocado por ETA. Horas después, Otegi había cambiado de auditorio y, ante su gente y sin saber que había prensa entre los presentes, admitió su hoja de ruta: «Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos».
Pero en aquellas declaraciones de Otegi se dieron más pistas del camino a seguir, que pasaba por «obligar al Gobierno a cambiar las leyes». Un proceso que denominó «la progenitora de todas las batallas». Y estableció un plazo: «Puede ocurrir en seis años». Es decir, en una hipotética nueva legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.
Insistió Otegi: «La única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir», apuntó.
Colaborar
Es precisamente esa Ley 7/2003, de «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», la que centra los esfuerzos de Bildu y la que representa el último obstáculo infranqueable para los terroristas presos. La única herramienta que les queda a la Fiscalía y la Audiencia Nacional para evitar el coladero en el que se ha convertido la política penitenciaria vasca, en el que el arrepentimiento se escenifica en cartas con párrafos copiados y la reinserción en informes terapéuticos que los jueces consideran prácticamente «de parte».
La clave del asunto está en el artículo 90 de esa Ley que ahora Bildu busca reformular. «Se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», explica la actual redacción.
Además, también se especifica que para que el preso etarra pueda acceder al tercer grado se requiere «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito».
El planteamiento de Bildu sobre esta ley «anacrónica», como la definen en el entorno proetarra, pasa por incluir en el texto una distinción entre grupos terroristas «en activo y extinguidos». Es decir, que no se aplique la política de excepción a aquellos terroristas de asociaciones criminales que se hayan disuelto.
Más pruebas de la vil alianza de Sánchez con Bildu que les helarán la sangre
- OKDIARIO
- 07/01/2023 06:50
- ACTUALIZADO: 07/01/2023 06:50
Más pruebas categóricas de la sumisión del socialismo a los etarras de Bildu. Primera: el Gobierno navarro de la socialista María Chivite ha abierto el plazo de inscripción para que aquellos que lo soliciten puedan ser incluidos bajo la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una norma que inaugura su sistema de indemnizaciones este 2023, y que en la práctica equipara a una víctima navarra de ETA con aquellas que denuncien haber sido «víctimas» de alguna acción de la Guardia Civil u otro cuerpo policial o militar.
Segunda: dado que Bildu y las redes de presos de ETA tienen un grave inconveniente en su camino a la excarcelación de todos los terroristas que aún cumplen condena -ya que la Ley Orgánica 7/2003 que establece las medidas de excepción penitenciaria para presos de la banda exige que los etarras pidan perdón-, el Gobierno está dispuesto a regalarle a los herederos políticos de ETA una flexibilización de la norma para que la justicia no pueda frenar las excarcelaciones en base a la falta de petición expresa de perdón a las víctimas o a la colaboración con la justicia para resolver atentados sin autoría conocida.
Conclusión: Pedro Sánchez y los etarras de Bildu mantienen a pleno rendimiento una estrategia de retroalimentación -yo por ti, tú por mí- que, en esencia, constituye la más ignominiosa y ruin entrega de la dignidad del Estado a una pandilla de perversoss sucesores de los asesinos. El Gobierno de España cohabita de forma indecente con los herederos de ETA. Y como muestra, los dos ejemplos que hoy ofrece OKDIARIO. En los próximos días, habrá más ejemplos. Desgraciadamente hay para dar y tomar. Y es que esta legislatura pasará a la historia por ser la de la infamia. Nunca hasta ahora un Gobierno había unido su destino político al de los testaferros de una banda de asesinos.
PROTESTA PROETARRAEl PNV copia el discurso a Bildu: pide el fin de la «excepcionalidad penitenciaria de los presos de ETA»
El PNV no acudirá a la manifestación proetarra que se celebra este sábado en Bilbao
Los presos de ETA cambian de reivindicación tras culminar los acercamientos de Sánchez: «¡A casa!»
Otegi manipula una foto histórica para jactarse de haber acercado a los presos de ETA
- DIANA ARIAS
- 07/01/2023 14:01
- ACTUALIZADO: 07/01/2023 14:01
Sare, una red de apoyo los presos de ETA, se manifiesta este sábado por la tarde en Bilbao a favor de los etarras y su liberación. La manifestación está apoyada por los socios de Pedro Sánchez de Bildu pero sus otros socios, el PNV, han decidido no acudir aunque han lanzado un mensaje al más puro estilo de los proetarras: «Hay que acabar con la excepcionalidad penitenciaria de los presos de ETA».
La parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha acudido sólo horas antes de la manifestación por los presos de ETA a una mesa redonda organizada en el Palacio Euskalduna por el colectivo proetarra bajo el título ‘Avanzando hacia la convivencia’. Antes de su intervención ha defendido ante los medios de comunicación que el PNV no acudirá a la protesta pero que eso no impide que reclamen «la derogación de la excepcionalidad penitenciaria que se aplica a los presos de ETA».
Esa excepcionalidad penitenciaria a la que hace referencia la nacionalista vasca es la norma que ha permitido la dispersión de los presos etarras para que no pudieran organizarse en las cárceles vascas y volvieran a atentar.
Berasaluze ha defendido el fin de la dispersión que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con los acercamientos de casi todos los presos a cárceles vascas y navarras por ser «muy positivos para la resocialización de los reclusos porque les ayudará también a que hagan una revisión critica de su pasado».
«Desde que el Gobierno Vasco cuenta con las competencias en materia penitenciaria no hay más que ver cuántos terceros grados se han concedido en los últimos meses aunque tras recursos de la Fiscalía se producen regresiones», ha añadido.
Por su parte, los otros socios de Sánchez, Bildu, han calentado la marcha proetarra mandando un mensaje al presidente del Gobierno: «El actual marco constitucional no da más de sí, hay que superar marcos caducos y abrir un nuevo ciclo democrático que reconozca a Euskal Herria como nación, sin más límite que la voluntad popular», ha defendido la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz.
