Los procesados por el Juzgado de Instrucción 13 esperan los escritos de acusación.
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La acusación por malversación agravada a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados los arquitectos del 1-O, tendrá consecuencias en el procedimiento penal contra numerosos ex altos cargos de la Generalidad procesados por cumplir con las directrices políticas y tirar adelante el referéndum pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional. Algunos han dejado la política mientras que otros fueron recolocados en la administración actual.
Todo apunta a que la Fiscalía les imputará la malversación agravada por lo que podrían enfrentarse a penas entre los 6 y lo 12 años de guandoca y no el subtipo atenuado de este delito que establece un máximo de 4 años de prisión. Las acusaciones, que se conocerán en los próximos meses, podrían hacer que se sienten en el banquillo enfrentándose a unas penas similares a las de Jové y Salvadó.
Son los procesados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. En concreto, la magistrada Alejandra Gil acusó a una treintena de cargos de la Generalidad, ex responsables y técnicos de la administración catalana así como directivos y empresarios por la organización práctica del referéndum.
De estos 28 procesados hay 18 por malversación entre ellos algunos actuales cargos del Govern como Teresa Prohias, directora de servicios de Presidencia; Aleix Villatoro, director Consell Català de l'Esport, o Francesc Sutrias, secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana.
También están acusados ex responsables autonómicos como Ignasi Genovés, hasta hace poco director general de Atención Ciudadana; Antoni Molons, ex secretario de Comunicación del Govern; el ex secretario de Difusión del Departamento de Presidencia Joaquim Nin; el ex director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet; el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta; el ex director de la delegación de la Generalidad en la UE, Amadeu Altafaj, y el ex secretario general de Diplocat Albert Royo.
También hay procesados técnicos responsables de Tecnologías de la información y las comunicaciones de varios departamentos de la Generalidad, como Xavier Puig, del Departament de Exteriores, y David Franco y David Palanques, del Departament de Treball y uno de sus técnicos, así como el ex director de estrategia del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Josué Sallent, o la ex interventora de la Generalidad Rosa Vidal, ahora jubilada. Junto a ellos se sentarán en el banquillo imputados por malversación ex responsables de tres empresas que participaron ofreciendo servicios para la organización del 1-O como fueron Unipost, con su ex director general Pablo Raventós, la que era directora de servicio de T-Systems, Rosa Maria Rodríguez, o el administrador de El Vallenc, Francesc Fàbregas.
La investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona dictaminó que los procesados presuntamente malversaron unos 4,3 millones de euros públicos en la organización de un referéndum declarado inconstitucional y suspendido. De hecho, la magistrada ordenó que se depositase esta cantidad como fianza en el juzgado por parte de los acusados de malversar pese a que ellos, en su defensa, argumentaron que era una cantidad similar al dinero cuantificado en el juicio del procés del Tribunal Supremo y que luego acabó en un procedimiento en el Tribunal de Cuentas.
Además de una posible pena de prisión, estos procesados también se enfrentarán a penas de inhabilitación para ocupar un cargo público y multa. Sin embargo, todavía queda para que se celebre el juicio contra ellos, ya que hay recursos pendientes que se deben resolver y después se debe cerrar, definitivamente, la instrucción del procedimiento.
En unas semanas la Audiencia de Barcelona debe decidir sobre la competencia para juzgar al resto de acusados por organizar el 1-O. El tribunal resolverá sobre si el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ha procesado a una treintena de ex cargos de la Generalitat y empresarios, debe asumir la causa de Exteriores, que se abrió después tras una querella de la Fiscalía, y en la que el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona investiga a una decena de responsables y ex cargos del Govern, como el ex consejero Raül Romeva, por haber promovido la independencia de Cataluña con actos en el extranjero entre 2014 y 2017.
Una vez la Audiencia de Barcelona tome una decisión respecto a la unificación o no de estas causas, a la que se opone la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, ya que considera que se produciría una «elefantiasi procesal», se encarará la recta final del juicio por la organización del 1-O para los ex altos cargos del Govern y empresarios que faltan. Junto a la veintena de acusados de malversación, que podrían enfrentarse a penas similares a las de Jové y Salvadó, hay otros 10 que están procesados por estos delitos que no conllevan pena de prisión como desobediencia, falsedad documental o prevaricación.
Entre ellos están Vicent Sanchis, ex director de TV3; Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio; y Núria Llorach, actual secretaria del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Los tres están acusados de desobediencia.
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La acusación por malversación agravada a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, considerados los arquitectos del 1-O, tendrá consecuencias en el procedimiento penal contra numerosos ex altos cargos de la Generalidad procesados por cumplir con las directrices políticas y tirar adelante el referéndum pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional. Algunos han dejado la política mientras que otros fueron recolocados en la administración actual.
Todo apunta a que la Fiscalía les imputará la malversación agravada por lo que podrían enfrentarse a penas entre los 6 y lo 12 años de guandoca y no el subtipo atenuado de este delito que establece un máximo de 4 años de prisión. Las acusaciones, que se conocerán en los próximos meses, podrían hacer que se sienten en el banquillo enfrentándose a unas penas similares a las de Jové y Salvadó.
Son los procesados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. En concreto, la magistrada Alejandra Gil acusó a una treintena de cargos de la Generalidad, ex responsables y técnicos de la administración catalana así como directivos y empresarios por la organización práctica del referéndum.
De estos 28 procesados hay 18 por malversación entre ellos algunos actuales cargos del Govern como Teresa Prohias, directora de servicios de Presidencia; Aleix Villatoro, director Consell Català de l'Esport, o Francesc Sutrias, secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana.
También están acusados ex responsables autonómicos como Ignasi Genovés, hasta hace poco director general de Atención Ciudadana; Antoni Molons, ex secretario de Comunicación del Govern; el ex secretario de Difusión del Departamento de Presidencia Joaquim Nin; el ex director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet; el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta; el ex director de la delegación de la Generalidad en la UE, Amadeu Altafaj, y el ex secretario general de Diplocat Albert Royo.
También hay procesados técnicos responsables de Tecnologías de la información y las comunicaciones de varios departamentos de la Generalidad, como Xavier Puig, del Departament de Exteriores, y David Franco y David Palanques, del Departament de Treball y uno de sus técnicos, así como el ex director de estrategia del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Josué Sallent, o la ex interventora de la Generalidad Rosa Vidal, ahora jubilada. Junto a ellos se sentarán en el banquillo imputados por malversación ex responsables de tres empresas que participaron ofreciendo servicios para la organización del 1-O como fueron Unipost, con su ex director general Pablo Raventós, la que era directora de servicio de T-Systems, Rosa Maria Rodríguez, o el administrador de El Vallenc, Francesc Fàbregas.
La investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona dictaminó que los procesados presuntamente malversaron unos 4,3 millones de euros públicos en la organización de un referéndum declarado inconstitucional y suspendido. De hecho, la magistrada ordenó que se depositase esta cantidad como fianza en el juzgado por parte de los acusados de malversar pese a que ellos, en su defensa, argumentaron que era una cantidad similar al dinero cuantificado en el juicio del procés del Tribunal Supremo y que luego acabó en un procedimiento en el Tribunal de Cuentas.
Además de una posible pena de prisión, estos procesados también se enfrentarán a penas de inhabilitación para ocupar un cargo público y multa. Sin embargo, todavía queda para que se celebre el juicio contra ellos, ya que hay recursos pendientes que se deben resolver y después se debe cerrar, definitivamente, la instrucción del procedimiento.
En unas semanas la Audiencia de Barcelona debe decidir sobre la competencia para juzgar al resto de acusados por organizar el 1-O. El tribunal resolverá sobre si el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que ha procesado a una treintena de ex cargos de la Generalitat y empresarios, debe asumir la causa de Exteriores, que se abrió después tras una querella de la Fiscalía, y en la que el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona investiga a una decena de responsables y ex cargos del Govern, como el ex consejero Raül Romeva, por haber promovido la independencia de Cataluña con actos en el extranjero entre 2014 y 2017.
Una vez la Audiencia de Barcelona tome una decisión respecto a la unificación o no de estas causas, a la que se opone la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, ya que considera que se produciría una «elefantiasi procesal», se encarará la recta final del juicio por la organización del 1-O para los ex altos cargos del Govern y empresarios que faltan. Junto a la veintena de acusados de malversación, que podrían enfrentarse a penas similares a las de Jové y Salvadó, hay otros 10 que están procesados por estos delitos que no conllevan pena de prisión como desobediencia, falsedad documental o prevaricación.
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