The Replicant
nexus 7
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Un implicado en el ‘caso Palau’ elaboró un informe de ‘buenas prácticas’ para
el Gobierno catalán
El escándalo del Palau de la Música comienza a provocarle también dolores de cabeza al actual Gobierno de la Generalitat. El consejero de Economía, Antoni Castells, compareció ayer en el Parlamento autonómico para explicar el informe que el interventor general, Josep Maria Portabella, había hecho de los estudios que el Tripartito había encargado en el año 2007. Y el diputado del Grupo Mixto José Domingo fue el encargado de amargarle la fiesta: reveló que la consejería de Cultura había encargado al abogado Raimon Bergós un “estudio de las buenas prácticas en todos los sectores”, por el que pagó 11.600 euros. Bergós acaba de ser destituido como secretario del Palau de la Música por haber intentado engañar a Hacienda incluso intentando crear un convenio falso con una Fundación inexistente.
“Me dí cuenta de que había este informe al revisar la lista antes de la comparecencia, ya que no había tenido tiempo material de leérmelos todos. Para mí, fue una sorpresa que se encargase a este señor precisamente un informe sobre las buenas prácticas. Incluso el consejero Castells se quedó un tanto sorprendido cuando se lo dije”, declaró José Domingo a El Confidencial.
Domingo es uno de los diputados que más ha atacado al Gobierno catalán por el tema de los informes, puesto que tras conocerse la relación de estudios de menos de 12.000 euros que había encargado el Tripartito, algunos eran realmente sorprendentes: “Elaboración de 10 argumentos para el fomento de los juguetes no sexistas” (11.948 euros); “Estudio y propuesta de desarrollo de un chat de la línea 900” (11.982,80 euros); “Estudio socioeconómico de explotaciones de avellanas”, realizado por un despacho de detectives (30.000 euros); “Estudio de la concha brillante” (27.956 euros); “Estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa (11.965,01 euros); “Estudio sobre incentivos fiscales en Canadá para financiar la cultura” (11.785 euros); “Estudio de juegos on line sobre el mundo casteller” (11.994,40 euros); “Diseño del parchís y puzzle de la casita de cartón recortable” (11.368 euros); “Consultoría de interoperabilidad” (11.230,22 euros); o la “Elaboración de un diagnóstico organizativo previo a la implantación de un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2000 en el proceso de detención” (11.948 euros).
El consejero Antoni Castells, admitió que el informe del interventor revela que el 19% de los informes encargados en el año 2007 tenían irregularidades, ya fuese por su precio, su utilidad o por la posibilidad de haberlos realizado con medios propios en vez de encargarlos a empresas particulares. Aquel año, el Gobierno autonómico encargó 2.469 informes, de los que el interventor general eligió 300 para estudiar. De éstos, encontró incidencias en 49. La mayoría de los informes investigados costaron entre 11.000 y 12.000 euros, así como los superiores a esta cifra pero adjudicados sin concurrencia. Ello se debe a que los trabajos que oscilan entre 3.000 euros y 12.000 euros pueden adjudicarse directamente justificándolo debidamente, Los que cuestan entre 12.000 y 30.000 euros han de ir a un procedimiento negociado, donde han de concurrir, como mínimo tres ofertas. Los que cuestan más de 30.000 euros han de resolverse por concurso público debidamente publicado en el diario oficial de la Generalitat. La consejería que ha tenido más incidencias es la de Cultura, con seis, seguida de Medio Ambiente (cuatro), Salud (tres) y Gobernación (tres). La mayoría de los informes irregulares, sin embargo, pertenecen a organismos autónomos que dependen orgánicamente de las consejerías.
Críticas de la oposición
El diputado Jordi Turull, de Convergència i Unió (CiU) fue también implacable con el Gobierno y subrayó que el informe de la intervención genera más desconfianza y peocupación. Turull señaló también que dudaba de que se hubieran podido ver todos los estudios encargados y advirtió que habia detectado que algunos se habían pagado pero no se habían confeccionado. El representante convergente recordó que uno de los informes más sospechosos fue encargado por Presidencia y llevaba por título “Comunicación estratégica de la acción de gobierno y elaboración de mensajes y eslóganes institucionales”. En él, se vertían comentarios (“entre jugosos, ridículos y preocupantes”, dijo) sobre la afinidad política de algunos articulistas de la prensa catalana. Este informe costó 27.028 euros.
La representante del Partido Popular (PP), Maria Àngels Olano, fue también contundente y dejó expresa queja de las dificultades que la oposición tiene para examinar los informes encargados por el Gobierno y pidió que la intervención se extienda también al año 2008.
De la misma manera piensa Turull, que desde hace meses peregrina por las diferentes consejerías pidiendo los estudios que se encargan en cada una. Y todo porque el Gobierno se ha negado a entregar una relación global de todos los estudios que se pagan a terceros. “Toda la oposición hemos pedido una lista de los informes, pero no han querido dárnosla -se queja José Domingo-. Yo mismo, pedí el amparo al presidente del Parlamento, Ernest Benach, pero ni por ésas. Sólo con un listado completo, podríamos saber cuáles son los sospechosos”. Domingo avanzó a este diario que hoy mismo pedirá una relación de los informes encargados en el año 2008.
Para los representantes del Gobierno, sin embargo, el Gobierno ha sido diligente en el tema de los informes. La portavoz adjunta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Patrícia Gomà, elogió “el nivel de tras*parencia y eficiencia” del Tripartito a la hora de dar cumplida cuenta de la fiscalización de los estudios. La dirigente republicana, igual que el socialista David Pérez, subrayaron que nunca se había producido un hecho de estas características, ya que los anteriores gobiernos “se habían negado sistemáticamente a facilitar esta información a los grupos parlamentarios”. Lo que sí dejó claro el consejero de Economía, sin embargo, es de que creará en breve un registro de estudios y dictámenes para evitar sorpresas en el futuro.
Un implicado en el ‘caso Palau’ elaboró un informe de ‘buenas prácticas’ para el Gobierno catalán - elConfidencial.com
falta un informe: "como chorizar dinero del contribuyente sin que este se entere"
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el Gobierno catalán
El escándalo del Palau de la Música comienza a provocarle también dolores de cabeza al actual Gobierno de la Generalitat. El consejero de Economía, Antoni Castells, compareció ayer en el Parlamento autonómico para explicar el informe que el interventor general, Josep Maria Portabella, había hecho de los estudios que el Tripartito había encargado en el año 2007. Y el diputado del Grupo Mixto José Domingo fue el encargado de amargarle la fiesta: reveló que la consejería de Cultura había encargado al abogado Raimon Bergós un “estudio de las buenas prácticas en todos los sectores”, por el que pagó 11.600 euros. Bergós acaba de ser destituido como secretario del Palau de la Música por haber intentado engañar a Hacienda incluso intentando crear un convenio falso con una Fundación inexistente.
“Me dí cuenta de que había este informe al revisar la lista antes de la comparecencia, ya que no había tenido tiempo material de leérmelos todos. Para mí, fue una sorpresa que se encargase a este señor precisamente un informe sobre las buenas prácticas. Incluso el consejero Castells se quedó un tanto sorprendido cuando se lo dije”, declaró José Domingo a El Confidencial.
Domingo es uno de los diputados que más ha atacado al Gobierno catalán por el tema de los informes, puesto que tras conocerse la relación de estudios de menos de 12.000 euros que había encargado el Tripartito, algunos eran realmente sorprendentes: “Elaboración de 10 argumentos para el fomento de los juguetes no sexistas” (11.948 euros); “Estudio y propuesta de desarrollo de un chat de la línea 900” (11.982,80 euros); “Estudio socioeconómico de explotaciones de avellanas”, realizado por un despacho de detectives (30.000 euros); “Estudio de la concha brillante” (27.956 euros); “Estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa (11.965,01 euros); “Estudio sobre incentivos fiscales en Canadá para financiar la cultura” (11.785 euros); “Estudio de juegos on line sobre el mundo casteller” (11.994,40 euros); “Diseño del parchís y puzzle de la casita de cartón recortable” (11.368 euros); “Consultoría de interoperabilidad” (11.230,22 euros); o la “Elaboración de un diagnóstico organizativo previo a la implantación de un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001:2000 en el proceso de detención” (11.948 euros).
El consejero Antoni Castells, admitió que el informe del interventor revela que el 19% de los informes encargados en el año 2007 tenían irregularidades, ya fuese por su precio, su utilidad o por la posibilidad de haberlos realizado con medios propios en vez de encargarlos a empresas particulares. Aquel año, el Gobierno autonómico encargó 2.469 informes, de los que el interventor general eligió 300 para estudiar. De éstos, encontró incidencias en 49. La mayoría de los informes investigados costaron entre 11.000 y 12.000 euros, así como los superiores a esta cifra pero adjudicados sin concurrencia. Ello se debe a que los trabajos que oscilan entre 3.000 euros y 12.000 euros pueden adjudicarse directamente justificándolo debidamente, Los que cuestan entre 12.000 y 30.000 euros han de ir a un procedimiento negociado, donde han de concurrir, como mínimo tres ofertas. Los que cuestan más de 30.000 euros han de resolverse por concurso público debidamente publicado en el diario oficial de la Generalitat. La consejería que ha tenido más incidencias es la de Cultura, con seis, seguida de Medio Ambiente (cuatro), Salud (tres) y Gobernación (tres). La mayoría de los informes irregulares, sin embargo, pertenecen a organismos autónomos que dependen orgánicamente de las consejerías.
Críticas de la oposición
El diputado Jordi Turull, de Convergència i Unió (CiU) fue también implacable con el Gobierno y subrayó que el informe de la intervención genera más desconfianza y peocupación. Turull señaló también que dudaba de que se hubieran podido ver todos los estudios encargados y advirtió que habia detectado que algunos se habían pagado pero no se habían confeccionado. El representante convergente recordó que uno de los informes más sospechosos fue encargado por Presidencia y llevaba por título “Comunicación estratégica de la acción de gobierno y elaboración de mensajes y eslóganes institucionales”. En él, se vertían comentarios (“entre jugosos, ridículos y preocupantes”, dijo) sobre la afinidad política de algunos articulistas de la prensa catalana. Este informe costó 27.028 euros.
La representante del Partido Popular (PP), Maria Àngels Olano, fue también contundente y dejó expresa queja de las dificultades que la oposición tiene para examinar los informes encargados por el Gobierno y pidió que la intervención se extienda también al año 2008.
De la misma manera piensa Turull, que desde hace meses peregrina por las diferentes consejerías pidiendo los estudios que se encargan en cada una. Y todo porque el Gobierno se ha negado a entregar una relación global de todos los estudios que se pagan a terceros. “Toda la oposición hemos pedido una lista de los informes, pero no han querido dárnosla -se queja José Domingo-. Yo mismo, pedí el amparo al presidente del Parlamento, Ernest Benach, pero ni por ésas. Sólo con un listado completo, podríamos saber cuáles son los sospechosos”. Domingo avanzó a este diario que hoy mismo pedirá una relación de los informes encargados en el año 2008.
Para los representantes del Gobierno, sin embargo, el Gobierno ha sido diligente en el tema de los informes. La portavoz adjunta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Patrícia Gomà, elogió “el nivel de tras*parencia y eficiencia” del Tripartito a la hora de dar cumplida cuenta de la fiscalización de los estudios. La dirigente republicana, igual que el socialista David Pérez, subrayaron que nunca se había producido un hecho de estas características, ya que los anteriores gobiernos “se habían negado sistemáticamente a facilitar esta información a los grupos parlamentarios”. Lo que sí dejó claro el consejero de Economía, sin embargo, es de que creará en breve un registro de estudios y dictámenes para evitar sorpresas en el futuro.
Un implicado en el ‘caso Palau’ elaboró un informe de ‘buenas prácticas’ para el Gobierno catalán - elConfidencial.com
falta un informe: "como chorizar dinero del contribuyente sin que este se entere"
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